En la causa platense por espionaje ilegal, el ex titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense quedó más cerca de ir a indagatoria. Se trata de Guillermo Berra. En la investigación también está procesada su pareja, María Rosario Sardiña, que era auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la fuerza. Ambos están acusados de haber espiado a jueces, políticos, empresas y hasta a la Suprema Corte provincial, durante la gestión de María Eugenia Vidal.
El abogado de Berra había pedido la nulidad del llamado a indagatoria. El juez Federico Atencio desestinó uno por uno los incidentes de nulidad que presentó el ex funcionario policial. Incluso señaló la intención “dilatoria” de esa estrategia. Pese al desaire del juez Atencio, Berra apeló a la Cámara. Así, ganó algo de tiempo en esta causa. De todas formas Berra y Sardiña están a un paso de ser indagados.
A la sombra de la investigación por espionaje ilegal de la AFI, la de La Plata es igual de escandalosa. Incluso tiene puntos de contacto con las que, tanto desde Lomas de Zamora como desde Comodoro Py, pusieron la lupa sobre la Agencia Federal de Inteligencia en tiempos macristas. La investigación platense también refiere a una presunta trama de inteligencia paralela e ilegal.
Espionaje ilegal: apartaron al juez en la causa que inquieta al macrismo
El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, hoy aprovechó para pasarle factura a la oposición por esa causa. “Me gustaría que Juntos por el Cambio saque un comunicado también por las causas de espionaje de La Plata", se quejó el funcionario de Axel Kicillof.
Al momento, los procesados son dos: el ex titular de Asuntos Internos Guillermo Berra y su pareja, María Rosario Sardiña, que era auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales.
El 10 de junio pasado, Berra fue procesado por la fiscal Cecilia Corfield, titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata. La fiscal le imputó el delito de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado".
También procesó como cómplice a María Rosario Sardiña, ex auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la Policía bonaerense.
En su escrito les atribuyó haber obtenido "información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial". Esa actividad ilícita se habría realizado entre 2016 y noviembre de 2019, según determinó Corfield.
"Para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados", detalló la fiscal en el llamado a indagatoria.
Avanza en La Plata la causa invisibilizada sobre espionaje: dos procesados y múltiples sospechas
Una de las presuntas víctimas fue Daniel Scioli. "El espionaje es la contracara de un buen funcionamiento democrático. Me pueden criticar cualquier cosa de mi gestión, pero jamás usé el poder para hacer daño. Todo tiene un límite", se quejó el actual embajador en Brasil.
Otro de los presuntos espiados es el ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo. El diputado macrista cumple un doble papel en esta historia. En la causa figura como espiado y, en paralelo, fue señalado por el principal acusado. Cerca del actual diputado desdeñan esa denuncia de Berra y la califican como un intento desesperado por zafar.
En su escrito, la fiscal Corfield consignó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses”.
Las presuntas víctimas fueron Marcelo Rochetti, ex jefe de Gabinete del ministro Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishii; el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros.
La fiscal consideró además que desde Asuntos Internos “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados”. Por ejemplo, el uso de vehículos oficiales y las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad provincial para acceder a empresas encargadas del manejo de datos personales y confidenciales, incluido la Dirección Nacional de Migraciones.
Según la fiscal, de las 1500 consultas realizadas a la empresa Nosis (dedicada a la elaboración de informes comerciales y patrimoniales, entre otros servicios), unas 600 fueron hechas sobre civiles a los que el organismo no tenía potestad para investigar. Corfield apuesta a que Berra, una vez que se concrete su indagatoria, revele si contaba con algún tipo de cobertura política para realizar su aventura.
AF/MC
