La causa por espionaje ilegal contra políticos, periodistas, dirigentes sociales y hasta referentes de la Iglesia, entre otros, cambió ayer sorpresivamente de juez. Fue por decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que hizo lugar a la recusación del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, presentada por las defensas de tres espías involucrados.
La decisión de la Cámara incluyó que el nuevo destino del expediente sea el despacho del otro juez federal de esa jurisdicción, Juan Pablo Auge.
Hasta ayer, Villena investigaba una organización criminal con inserción en el Estado, cuyos integrantes, valiéndose de su calidad de agentes de Fuerzas de Seguridad o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), habrían llevado a cabo distintas maniobras de espionaje ilegal, bajo la gestión de Cambiemos. Entre las personas que fueron víctimas y se constituyeron como querellantes está desde la vicepresidenta Cristina Kirchner, hasta el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su segundo, Diego Santilli y figuras de la política como Emilio Monzó, Nicolás Massot o Graciela Camaño, entre otros.
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Por el tenor de los nombres y la dimensión de la causa, la decisión de la Cámara platense causó impacto tanto judicial como político. Ayer, el análisis de lo que sucedió se dividía en tribunales entre quienes lo veían como un revés para la ex presidenta, que apostaba a la causa en su avanzada contra el macrismo, mientras que otro sector sostenía que “las pruebas están, se puede demorar la causa por el cambio de juzgado, pero el material de espionaje ilegal no cambia”.
En el caso seguirán interviniendo los mismos fiscales, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, por lo que se espera que se avance en similar dirección a la que venía hasta ahora.
Detenciones. Villena había ordenado, este martes, 21 detenciones. Entre ellas, las de Susana Martinengo, ex funcionaria de Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri; así como las de dos ex jefes de la AFI, el de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, y el de Operaciones, Alan Ruíz. Este último ya había sido detenido previamente por orden de Auge, el nuevo magistrado de esta causa, en lo que respecta a espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y la actual Vicepresidenta, otro expediente que tramita en esa jurisdicción.
En los más de tres meses de instrucción que realizó Villena, el caso acumuló más de 20 cuerpos, superó los 30 allanamientos y tiene material probatorio en fotos, videos y documentos. A eso se suman los 21 detenidos -resta Martín Terra, un ex chef que entró a la AFI por su amistad con su extitular Gustavo Arribas (ver aparte)- la mayoría de los cuales ya declaró en indagatoria.
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Precisamente, el apartamiento de Villena se produjo poco antes de que se reanudara la declaración indagatoria de Martinengo. La mujer, de 64 años, habló durante casi cinco horas en la noche del jueves, luego de lo cual se produjo un cuarto intermedio para descansar y estaba prevista su reanudación la mañana de ayer. Tampoco llegó a concretarse la de Dalmau Pereyra, ni la de Ruíz, las otras dos que generaban mayores expectativas en el caso.
Las razones. La recusación contra Villena fue planteada por las defensas de los espías Facundo Melo, Leandro Araque y Jorge Sáez, detenidos en el caso. Los espías planteaban que lo que realizaron fueron “tareas de inteligencia” con aval judicial y que, de hecho, uno de los magistrados que las había autorizado fue Villena, en relación a escuchas realizadas al narcotraficante Mario Segovia, en la cárcel de Ezeiza. Ante ese planteo, Villena sostuvo, en junio pasado, que esa investigación “se inició con motivo de una actuación cursada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que daba cuenta de una presunta organización delictiva que se dedicaría a la compra e ingresos en nuestro país de fabricación de materiales explosivos, por lo que al encontrarse el nombrado detenido, se dispusieron las intervenciones telefónicas pertinentes”.
Y destacó que, al terminar esa investigación, ordenó destruir las escuchas. Los espías siguieron con su reclamo ante la Cámara de La Plata.
Desde allí salió la resolución con la firma unipersonal del camarista Roberto Lemos Arias, quien consideró que “el juez Federico Villena, como instructor de las causas referidas, era el encargado de controlar y evaluar la legitimidad y el alcance de las medidas ordenadas, por lo cual se encuentra justificado el temor de parcialidad alegado por los recusantes y el pedido de que no quede a cargo de la investigación de las actividades ilícitas derivadas -en parte- de las medidas que él mismo dispuso”.
Al tiempo que consideró: “Resulta imperioso señalar que en la presente causa se investigan hechos de notoria gravedad institucional, que ameritan que sean investigados profundamente con la intervención de un juez sobre quien no recaiga ninguna duda sobre su imparcialidad, y que se encuentre en una clara posición de objetividad para valorar la prueba recolectada y decidir la situación procesal de las personas imputadas”.
