A la sombra de la investigación por espionaje ilegal de la AFI, en La Plata avanza otra causa igual de grave. Incluso tiene puntos de contacto con las que, tanto desde Lomas de Zamora como desde Comodoro Py, pusieron la lupa sobre la actividad de la Agencia Federal de Inteligencia durante la presidencia de Mauricio Macri. La investigación platense también refiere a una presunta trama de inteligencia paralela e ilegal, concretada bajo la administración de María Eugenia Vidal.
Este caso a su vez tiene protagonistas de primera línea. Entre posibles víctimas y sospechosos, circulan los nombres de Vidal, Cristian Ritondo, Daniel Scioli y Elisa Carrió. Ya cuenta con dos procesados, varios sospechosos y hasta con un giro inesperado: el ex ministro de Seguridad Cristian Ritondo cumple un doble papel en esta historia. En la causa figura como espiado y, en paralelo, fue señalado por el principal acusado. Cerca del actual diputado desdeñan esa denuncia y la califican como un intento desesperado por zafar.
Al momento, los procesados son dos: el ex titular de Asuntos Internos de la Policía bonaerense Guillermo Berra y su pareja, María Rosario Sardiña, que era auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la fuerza. Se los acusa de haber espiado a jueces, políticos, empresas y hasta a la Suprema Corte provincial.
El 10 de junio pasado, Berra fue procesado por la fiscal Cecilia Corfield, titular de la unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata. La fiscal le imputó el delito de "abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado".
También procesó como cómplice a María Rosario Sardiña, ex auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales de la Policía bonaerense.
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En su escrito les atribuyó haber obtenido "información y almacenaron datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial". Esa actividad ilícita se habría realizado entre 2016 y noviembre de 2019, según determinó Corfield.
"Para llevar adelante las tareas de investigación, recopilación y almacenamiento de información tanto pública como privada, hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial, en algunos casos en provecho propio, y en otro de terceros que aún no han sido identificados", detalló la fiscal en el llamado a indagatoria.
Una de las presuntas víctimas fue Daniel Scioli. "El espionaje es la contracara de un buen funcionamiento democrático. Me pueden criticar cualquier cosa de mi gestión, pero jamás usé el poder para hacer daño. Todo tiene un límite", se quejó el actual embajador en Brasil.
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"Dada la gravedad institucional de las actividades de inteligencia, es importante saber qué piensa Vidal", opinó Scioli en C5N. La mención a la exgobernadora no es ingenua.
La ex gobernadora era la jefa política de Guillermo Berra. A partir del procesamiento del ex titular de Asuntos Internos, se difundió el video de una charla realizada el 15 de mayo de 2018. Vidal participó junto a Elisa Carrió del acto en el Instituto Hannah Arendt. Durante el encuentro, la entonces gobernadora aseguró: “Con Guillermo éramos vecinos de Morón y él trabajaba en la Auditoría de la Ciudad con Paula Oliveto, ahí nos conocimos”.
Vidal niega haber tenido participación alguna en la trama que ahora se está investigando. Y lo cierto es que la fiscal Corfield todavía no planteó una hipótesis clara sobre la cobertura y el aval político del espionaje. ¿Nexos con la AFI? Todo es posible. Las pistas quizás surjan de la indagatoria de Berra, que por ahora está pendiente. Si bien el ex agente estaba citado para dar su versión de los hechos el lunes 29 de junio, su abogado exigió la nulidad del proceso.
El representante de Berra es el penalista Marcelo Peña. Abogado mediático de La Plata, Peña a su vez defiende a unos 500 policías bonaerenses desafectados durante la gestión de Vidal. Son agentes que arrastran causas penales archivadas.
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¿De qué se lo acusa concretamente a Berra y a Sardiña? La investigación surgió a raíz de una denuncia presentada por Néstor Omar Martín, ex jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa de la policía bonaerense.
Martín señaló a Berra y a Sardiña por abuso de autoridad. Según su denuncia, obtuvieron información de él y de su grupo familiar, omitiendo la intervención judicial obligatoria.
Néstor Martín abandonó la fuerza bonaerense en 2016. Una auditoría de Asuntos Internos lo había marcado por irregularidades en su declaración jurada. En resumen, se lo acusaba de ser un policía corrupto. Declaraba siete propiedades, dos millones de pesos y un helicóptero experimental de 400 mil pesos, mientras su sueldo era de 48 mil pesos.
Pero lo cierto es que la causa en contra de Martín nunca avanzó. El espionaje en su contra, en cambio, sí lo hizo. Incluso circuló información sobre Martín en los medios, que lo identificaba como el "comisario más rico de la Bonaerense".
A partir de la contra-denuncia de Martín, Corfield allanó las oficinas de la Auditoría de Asuntos Internos en La Plata. Ahí secuestró documentación y archivos informáticos que, tras su análisis, determinaron el procesamiento de Berra y Sardina. La fiscal descubrió una caja de Pandora: que las maniobras de inteligencia excedían el rastreo a un policía aparentemente corrupto.
En su escrito consignó que “la lista de personas físicas y jurídicas investigadas es extensa y va desde el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Federal Argentina, la Cámara de Diputados y el Senado, la AFIP, la Dirección de Cultura y Educación y varios municipios bonaerenses”.
Las presuntas víctimas fueron Marcelo Rochetti, ex jefe de Gabinete del ministro Cristian Ritondo; el ex juez platense César Melazo; los intendentes de Berazategui, Juan Patricio Mussi y de José C Paz, Mario Ishii; el entonces diputado nacional, Fernando Espinoza y uno de sus hijos, entre otros.
La fiscal consideró además que desde Asuntos Internos “hicieron uso de servicios pagos por la administración pública provincial en beneficio propio o de terceros que aún no han sido identificados”. Por ejemplo, el uso de vehículos oficiales y las claves de acceso pagas por el Ministerio de Seguridad provincial para acceder a empresas encargadas del manejo de datos personales y confidenciales, incluido la Dirección Nacional de Migraciones.
Según la fiscal, de las 1500 consultas realizadas a la empresa Nosis (dedicada a la elaboración de informes comerciales y patrimoniales, entre otros servicios), unas 600 fueron hechas sobre civiles a los que el organismo no tenía potestad para investigar.
El abogado de Berra, sin embargo, se atajó: planteó en un escrito que el ministerio de Ritondo había dado autorización para hacer “uso ilimitado” de los servicios de Nosis. Algo que cerca del actual diputado macrista niegan rotundamente. “La utilización correcta de estos servicios por parte de las distintas dependencias autorizadas de la Policía Provincial debían ser auditados por Asuntos Internos que encabezaba Guillermo Berra”, explicó un ex colaborador de Ritondo.
Así, la intriga que sigue sin respuesta en esta historia es: ¿Berra contaba con algún tipo guiño político para espiar ilegalmente a policías, políticos, jueces y empresarios? El ex titular de Asuntos Internos tal vez tenga algo para comentar al respecto, una vez que se concrete su indagatoria.
