El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas quiere viajar a Brasil durante 20 días para el comienzo de clases de su hija. Para ello, pidió autorización de la Justicia por hallarse en plena investigación en diferentes expedientes sobre espionaje ilegal. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé le dio el permiso necesario pero el magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla todavía no.
Augé dio la autorización este viernes 12 de febrero en el marco de la investigación por presunto espionaje ilegal que tiene a Arribas procesado. No obstante, el ex funcionario aún no recibió el permiso por parte el juez federal de Dolores en otra causa por espionaje en la provincia de Buenos Aires, por lo que todavía no puede abandonar el país.
Arribas cuenta con una prohibición de salida del país impuesta por ambos magistrados
Arribas cuenta con una prohibición de salida del país impuesta por ambos magistrados. En su planteo ante Augé, el ex director general de la AFI pidió autorización para ausentarse por 20 días del país y fundó su pedido al recordar que vivió durante muchos años en la ciudad de San Pablo, a la vez que explicó que se alojaría allí para acompañar a su hija al comienzo del ciclo educativo.
Ramos Padilla rechazó el pedido basado "no sólo en la gravedad de los hechos por los cuales Arribas fue procesado en el marco de la investigación, el quantum de pena de prisión esperable ante una eventual condena, sino también en la necesidad de avanzar de manera rápida y efectiva hacia su juzgamiento en la etapa ulterior del proceso".
Los procesamientos de Arribas y Majdalani
En diciembre pasado, Ramos Padilla procesó a los ex titulares de la AFI del Gobierno de Cambiemos, Arribas y Silvia Majdalani Majdalani, como coautores de "acciones de inteligencia prohibidas" y "abuso de autoridad" por espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires.
Los procesamientos fueron dispuestos en un desprendimiento del caso D'Alessio, en el que se investigan maniobras de espionaje político desplegadas desde las denominadas 'bases AMBA' durante los años 2016 y 2017. El espionaje habría tenido como objetivo a dirigentes políticos, gremios y dirigentes gremiales, pero también a movimientos sociales, espacios comunitarios, actividades desarrolladas en comedores y escuelas y manifestaciones de cualquier tenor que pudieran ser leídas como contrarias a los intereses del entonces presidente Mauricio Macri.
El procesamiento, que incluyó embargos de hasta 20 millones de pesos, es el segundo que pesa sobre los exjefes de la AFI: el primero, también por espionaje ilegal, lo dispuso el juez Augé en la causa en la que se investigan maniobras ilegales realizadas sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
B.D.N. CP
