Gustavo Arribas quedó varado en Buenos Aires. Primero la pandemia y, ahora, un procesamiento le impidieron viajar a San Pablo. Su objetivo era volver a la ciudad brasileña, en realidad. Porque el escribano y representante de jugadores vivía en San Pablo, hasta que su amigo Mauricio Macri lo convocó para que dirigiera la AFI. Y Arribas aceptó, a fines de 2015.
Más de cuatro años después, su paso por la ex SIDE le dejó secuelas judiciales que están en expansión y alteran todos sus planes. La intención del ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia era instalarse nuevamente con su familia en Brasil. Su esposa, la abogada brasileña Lindamir Sumny, consiguió volver a San Pablo junto a la hija de ambos, quien debía empezar las clases.
Pero Arribas, no. El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé se quedó con su pasaporte. El magistrado lo procesó junto a su ex número dos, Silvia Majdalani, por espionaje ilegal, abuso de autoridad y falsificación de documentos. La suma de los delitos contempla una pena de hasta 12 años de cárcel. El juez además los embargó por dos millones de pesos. Se trata de un monto relativamente bajo para el broker de jugadores, que solía encabezar la lista de los funcionarios más ricos del gabinete macrista.
Arribas negó haber mandado a espiar a Cristina Kirchner
La estrategia defensiva de Arribas está en manos del abogado Alejandro Pérez Chada. Representante de Mauricio Macri y otros ex funcionarios de Cambiemos, este experimentado penalista ya le consiguió, en 2017, un sobreseimiento exprés en la causa Odebrecht.
Arribas espera no llegar a la etapa del juicio. El martes próximo, su abogado apelará la decisión de Augé ante la Cámara de La Plata. En paralelo, Arribas insiste en que la causa debería mudarse desde Lomas de Zamora a Comodoro Py.
Pero esa apuesta ya recibió un revés. La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido de que la investigación pase a los tribunales de Retiro. Unos días antes de que Augé lo procesara, Capuchetti estableció que la causa estaba avanzada en la jurisdicción de Lomas. Pérez Chada apeló y se sigue aferrando al posible traslado a Comodoro Py, donde espera un trato más amigable.
La causa, sin embargo, corre a paso firme en el tribunal bonaerense. Ese ritmo (demasiado vertiginoso, para el gusto del ex jefe de los espías) lo obliga a pulir un plan defensivo. En lo político, Arribas empezó a ensayar un sutil despegue de Majdalani, quien parece más complicada en la investigación de Augé y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide. Para el escribano y amigo de Macri, el juez Augé se muestra demasiado permeable a los pedidos de los fiscales.
En concreto, asegura que existe una persecución política en su contra. Se trata de un argumento difícil de sostener en la discusión pública, a la luz del perfil bajo y los cuestionamientos que cosechó Arribas durante su mandato, incluso desde dentro de Cambiemos. Su único capital política para arribar a la Agencia Federal de Inteligencia era la relación personalísima con un Macri cuyas acciones también se desplomaron.
Sobre la hoja de ruta judicial, planteará que no hay elementos que prueben que él dio la orden de concretar el espionaje ilegal al Instituto Patria en 2018. Jurará desconocer o haber tenido un trato superficial con los otros dos agentes procesados por Augé. ¿Quiénes? El ex director de contrainteligencia, Martín Coste, quien confirmó las maniobras denunciadas por los fiscales Incardona y Eyerabide; y Alan Ruiz, el ex jefe de operaciones especiales de la AFI.
Espionaje ilegal: Majdalani declaró en el juzgado de Lomas y recusó a la fiscal
Respecto a Ruiz, el ex jefe de los espías jurará no haber tenido vínculo alguno. Sobre Coste, quien complicó especialmente a Majdalani en su declaración, Arribas negará haberle ordenado cometer las acciones de inteligencia sobre Cristina Kirchner. Tal como ya hizo en su indagatoria, Arribas insistirá con que se enteró por la televisión de las maniobras de espionaje.
“Tanto Arribas, como Majdalani y Ruiz, dispusieron, ordenaron a sus subalternos en forma sistemática a lo largo del tiempo, la realización de actividades de inteligencia (vigilancias, toma de fotografías y videos) sobre objetivos de orden político, en un abuso propio de su función y en oposición al marco normativo al que debieron sujetarse para el cumplimiento de su actividades como Directores en la Agencia Federal de Inteligencia y responsables máximos, cada uno en su grado, del cumplimiento de las normas a las que debieron sujetarse en cumplimiento de su deber, descartando de plano cualquier tipo de error o mal interpretación de las obligaciones de las que eran competentes cada uno de ellos según el alto rango de responsabilidad de desempeñaban en sus cargos”, sostuvo el juez Augé en el texto del procesamiento.
En agosto de 2018, las autoridades del Instituto Patria descubrieron que dos autos de la AFI vigilaban y filmaban a la fundación encabezada por la entonces senadora Cristina Kirchner. A partir de una denuncia de su ex secretario Oscar Parrilli, el juez Marcelo Martínez de Giorgi inició una investigación. Pero aceptó rápidamente las explicaciones dadas por Arribas y Majdalani. ¿Cuál fue el relato de los entonces jefes de la ex SIDE? Que los espías en realidad cuidaban a Cristina Kirchner, ante posibles atentados terroristas. Por aquellos días se desarrollaba la Cumbre del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud. A su vez plantearon que esas tareas de inteligencia habían sido autorizadas por el juez Federico Villena. Arribas y Majdalani repitieron ese argumento ante la Bicameral de Inteligencia, en paralelo a su testimonio judicial. Y esa sigue siendo su explicación.
Casi dos años después, Augé cuestionó veladamente el desempeño del juez de Comodoro Py. "Los servicios de inteligencia no son una policía política ni son una institución autónoma ajena a los controles democráticos. Es la diferencia entre unos servicios de inteligencia democráticos y unos servicios secretos que constituyen un Estado dentro de un Estado y que funcionan sin ajustarse a ningún control legal ni democrático, situándose al servicio del poder que quieren perpetuar", afirmó Augé.
En su apelación, Arribas también rechazará haber cometido un delito encadenado: darle apariencia legal a esas acciones, una vez que fueron citados por la Comisión Bicameral que los controlaba.
El amigo de Macri jura desconocer los presuntos ilícitos desplegados por ovejas descarriadas de la Agencia. Esa defensa supone asumir una responsabilidad: la de permitir o no controlar el cuentapropismo de los espías, con fines económicos y políticos. Pero las posibles culpas políticas son un problema menor para Arribas, en el contexto de avanzada judicial en su contra. Lo urgente es despegarse de las acusaciones penales.
