Mientras niega haber mandado a espiar, apuesta a mudar la causa a Comodoro Py. Esa fue (y seguirá siendo) la estrategia de Gustavo Arribas. El ex jefe de la AFI declaró este martes en esa línea durante cuatro horas antes el juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé. Pero a la vez se negó a contestar preguntas. Arribas llegó a las 9 de la mañana al juzgado de Lomas y se retiró a las 13.30. Lo acompañó el abogado Alejandro Pérez Chada, el representante que ya le había conseguido, en 2017, un sobreseimiento exprés en la causa Odebrecht.
En paralelo a su estrategia en la causa de Lomas, la semana pasada Arribas hizo un planteo para que algún juez de Comodoro Py (el pedido ya fue sorteado y le tocó a María Eugenia Capuchetti) reclame el expediente. Pérez Chada a su vez es el defensor de Mauricio Macri y de varios ex funcionarios de Cambiemos.
Al igual que lo hizo ayer Silvia Majdalani, Arribas declaró en indagatoria ante el juez Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona. Y en la misma línea que la ex segunda de la Agencia Federal de Inteligencia, defendió la legalidad de las tareas de espionaje realizadas en el Instituto Patria y en la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Arribas y Majdalani están acusados de haber dado “órdenes o instrucciones” de espionaje ilegal a Alan Ruiz, ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI. El juez a su vez sospecha que, al ser descubiertos, el dúo Arribas-Majdalani desplegó una “maniobra fraudulenta mediante falsedad documental” para dar una cobertura legal a la inteligencia sobre Cristina Kirchner.
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Según Arribas, esas tareas estuvieron autorizadas por el juez de Lomas de Zamora Federico Villena. Y agregó ante Augé que tanto él como Majdalani fueron sobreseídos por el juez Marcelo Martínez De Giorgi. Es decir, su planteo es que existe cosa juzgada.
Pérez Chada además insiste en el argumento de la competencia. Los ex directores de la AFI prefieren que la investigación continúe en Comodoro Py. Especulan con lograr un trato más amistoso en Retiro que el recibido hasta el momento en Lomas.
Cerca de Arribas afirman que los supuestos delitos fueron cometidos en la Capital: tanto el espionaje en el Instituto Patria, como el realizado en el departamento de Recoleta de la actual vicepresidenta, y hasta la presunta “falsedad ideológica” concretada durante la exposición en la bicameral del Congreso.
Si las acusaciones en su contra crecen, el empresario Arribas se aferrará al speech de las patrullas perdidas. Es decir, que no estaba al tanto de presuntos ilícitos desplegados por ovejas descarriadas de la Agencia. Esa defensa supone asumir una responsabilidad: la de permitir o no controlar el cuentapropismo de los espías.
Pero las posibles culpas políticas son un problema menor, tanto para Arribas como para su ex vice, en el contexto de avanzada judicial en su contra. Lo urgente es despegarse de las acusaciones penales. El descontrol del espionaje en el ciclo macrista, con fines económicos y políticos, ya es un dato prácticamente innegable.
El clima político actual es muy distinto al de agosto de 2018, cuando Martínez de Giorgi sobreseyó a los entonces jefes de la ex SIDE. Tras una denuncia de su ex secretario de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, Martínez de Giorgi aceptó las explicaciones dadas por Arribas y Majdalani. ¿Cuál fue el relato de los entonces jefes de la ex SIDE? Que los espías en realidad cuidaban a Cristina Kirchner, ante posibles atentados terroristas. Por aquellos días se desarrollaba la Cumbre del G-20 y los Juegos Olímpicos de la Juventud.
Casi dos años después, Augé cuestionó veladamente el desempeño del juez de Comodoro Py. Lo hizo en base a la imputación de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide contra Arribas y Majdalani. “Fue el comienzo de una serie de falsedades”, afirmó Augé en la citación a indagatoria.
Para el juez de Lomas de Zamora, Arribas y Majdalani afirmaron “falsamente que no se habían producido seguimientos a Cristina Fernández y que el personal descubierto en el lugar estaba realizando tareas investigativas en cumplimiento de una orden judicial”.
Según Augé, “el accionar desplegado por la AFI demuestra falta de profesionalidad y apego a las normas legales, ya que el mismo no solo atentó contra la seguridad de la ex presidenta, sino contra los mismos agentes que la custodiaban, ya que ese conocimiento es vital para el accionar de ellos”.
El juez llegó a esa conclusión a partir de unos testigos de identidad reservada. En concreto, ex agentes que contradijeron la versión de Arribas y Majdalani. Según declararon, su mandato era controlar si al Instituto Patria llevaban “bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, o si recibían objetos o se desarrollaban actividades”.
La defensa de Gustavo Arribas planteó que no existió necesidad de advertir a Cristina Kirchner y sus custodios sobre las acciones de inteligencia. ¿Por qué? Porque el nivel de amenaza era bajo. En paralelo, Arribas apuesta por un atajo: que la jueza federal Capuchetti le exija la causa a Augé. Pérez Chada pidió el miércoles pasado que un juez de Comodoro Py siguiera la investigación. El sorteo le cayó a un dúo a priori amigable: Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli.
AF/MC
