Un documento de 97 páginas que finaliza con la citación a la cúpula de la inteligencia macrista, integrada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, es la llave de entrada a la actualidad del caso que más golpea por estas horas a la oposición. La decisión de la convocatoria fue del juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge, tras un pedido de la fiscal Cecilia Incardona. La citación involucra distintos delitos que pueden comprometer seriamente el futuro de Arribas y Majdalani. Ambos deberán presentarse este lunes y martes, en Lomas, en tanto que el viernes quién deberá hacerlo es Martín Coste, último director de Contrainteligencia del macrismo.
Las citaciones se dieron en el marco de la causa por espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la entonces ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en agosto de 2018. En la misma decisión, Auge también procesó y excarceló al ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruíz. Procesado por los delitos de violación a la ley de inteligencia y falsificación de documento, a Ruíz, que había quedado detenido por órden de Auge el 20 de junio pasado, se le trabó un embargo de 500 mil pesos y una prohibición de salir del país. Su figura es clave para entender los hechos investigados así como la imputación que pesa contra Arribas y Majdalani.
“El accionar desplegado por la Agencia Federal de Inteligencia, demuestra una falta de profesionalidad y apego a las normas legales, ya que el mismo no solo atentó contra la seguridad de la ex presidenta, sino contra los mismos agentes que la custodiaban, ya que ese conocimiento es vital para el accionar de ellos”, se menciona en el escrito de Auge.
Tras lo que el magistrado destacó que “los servicios de inteligencia no son una “policía política” ni son una institución autónoma desligada del gobierno ni de los controles que sobre éste ejerce la sociedad democrática; es la diferencia entre unos servicios de inteligencia democráticos y unos servicios secretos que constituyen un “Estado dentro del Estado” y que funcionan sin ajustarse a ningún tipo de control legal ni democrático, situándose al servicio del poder político establecido para el mantenimiento del mismo”.
En su resolución, el magistrado consignó que Ruiz ocupaba en la AFI un cargo que “no tenía registro alguno dentro del organigrama de dicha dependencia”, lo que le permitía reportar directamente a Majdalani. “El imputado no respetaba la estructura jerárquica propia del organigrama de esa dependencia y su actuar fraccionaba y quebraba el esquema establecido institucionalmente, rompiendo con la cadena de mando constituida, ya que en muchas ocasiones actuaba por encima de sus superiores, dado que tenía un vínculo directo con quien era en aquel momento la Subsecretaria de la AFI, Silvia Majdalani, también conocida en la jerga de la AFI como la 'número 8' o 'la 8'”, sostuvo Auge.
Ruiz fue procesado por violación a la ley de inteligencia pero también por falsedad ideológica, dado que los investigadores detectaron que una vez descubierto el espionaje ilegal desde la AFI se llevaron a cabo maniobras para encubrir el episodio y se elaboraron documentos para intentar dar a esas actividades “apariencia legal”.
La “vigilancia” sobre el Patria se hizo, de día, desde un auto ubicado en las inmediaciones de los blancos a espiar –uno de ellos detectado el 6 de agosto de 2018 por personas que frecuentaban el Instituto Patria- desde donde los espías podían verlo todo; mientras que por las noches se utilizaban “autos de técnica” que tiene cámaras indetectables y que quedaban estacionados y sin ocupantes.
En ese contexto y luego de detectado ese episodio, fue que, el 9 de Agosto de 2018, Arribas y Majdalani “suscribieron conjuntamente la Nota con sello de identificación de la AFI N° 8201 que fue presentada ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia” con el que buscaron justificar las actividades desarrolladas por los espías descubiertos, por lo que ahora la acusación en su contra trepa incluso hasta falsedad ideológica, entre otros delitos.
Este año, causa se inició por una denuncia presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien entre otros elementos relató que ese organismo, durante la gestión Cambiemos adquirió el Earthwatch, un software basado en fotografías de alta definición que se toman desde un satélite, y que se pudo haber utilizado para fines ilegales.
