A siete años del incendio de un depósito de la empresa Iron Mountain en el barrio de Barracas, que causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de defensa civil, los familiares de las víctimas esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia sobre los responsables y si se trató de un hecho intencional.
Este escenario de duda quedó configurado así desde el pasado 29 de diciembre cuando la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño -por entonces a cargo de Mauricio Macri- y cinco directivos de Iron Mountain por el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014.
En aquel fallo, la Cámara del Crimen aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los “defectos” de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una “grotesca” y “deficiente investigación”, por lo que le ordenó al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolución.
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En la mañana del 5 de febrero de 2014 se produjo un incendio en el depósito de la firma Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245, en Barracas, cuya propagación provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.
Los familiares de las víctimas reclaman el procesamiento de ex funcionarios
En febrero de 2018, el juez en lo criminal Pablo Ormaechea dictó los procesamientos con embargos por presunto “incendio culposo seguido de muerte”, decisión que, apelada por las defensas y tras largo trámite, llegó a la definición de la Sala VI de la Cámara del Crimen.
A pesar del letargo judicial, los familiares de las víctimas no se resignaron y consideraron que el fallo que ordenó el dictado de una nueva resolución abría la posibilidad de que finalmente se dictaran nuevos y más sólidos procesamientos para avanzar finalmente hacia un juicio oral y público.
“Estamos con muchas expectativas de que el juez pueda solucionar las deficiencias del dictamen, necesitamos que se haga justicia de una vez por todas y el que tenga que pagar que pague. Queremos que el juez trabaje como corresponda y esto tenga un final como todas las familias necesitamos”, le dijo a la agencua Télam Liliana Baricola, hermana de Pedro, uno de los rescatistas fallecidos.
Siete años después, los familiares recordararon a las víctimas. En uno de los actos participó la ministra de Seguridad, Sabina Frederic. Al asumir, su cartera se puso a disposición para lograr el avance de la causa.
