Incineración, el costoso plan porteño para la basura

En 2005 el macrismo acompañó desde la oposición la ley porteña de basura cero. Según esa norma, la incineración de los residuos solo iba a estar permitida una vez que se reciclara el 75%. Y proyectaba un ascenso gradual en la reutilización de la basura: en 2017 tenía que alcanzarse ese porcentaje. Ahora, a 11 años de que entrara en vigencia esa ley de vanguardia, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta todavía está lejos de llegar al objetivo del 75%. La reciente modificación de la ley de basura cero habilita la quema de residuos y patea hacia adelante las metas: recién en 2030 se deberá reciclar el 80%. El giro funciona como una confesión del fracaso de la política oficial.
Si bien el macrismo nunca creyó del todo en la promoción de esa iniciativa, hasta hace unos meses rechazaba la posibilidad de la llamada termovalorización (un sistema que genera energía a través de la quema). Lo hacía formalmente, al menos. En la página web del gobierno porteño figuraba la pregunta: “¿Por qué no a la incineración?”. La respuesta era contundente: “Las plantas de incineración emiten miles de sustancias químicas tóxicas que dañan la salud”. Detallaba que esas sustancias eran “cancerígenas, persistentes y bioacumulables”, y que podían “dispersarse a grandes distancias de su fuente”. Después de abrir la puerta a la quema (el oficialismo hizo valer una vez más su mayoría automática en la Legislatura), esa explicación desapareció de la web.
Para este año, el presupuesto porteño dedicado al reciclado es de 750 millones de pesos. “Es una inversión récord”, se jactó el ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli. El funcionario larretista, uno de los más cercanos al alcalde, a su vez minimiza los peligros ambientales y niega que la termovalorización vaya a atentar contra el reciclado.
Se trata de una promesa que el grueso de las agrupaciones ambientalistas pone en duda. Porque la tecnología conocida como “waste to energy”, que el Ejecutivo pretende importar de Europa, podría competir con el reciclado: ese tipo de residuos son los de mayor poder calorífico, y los más codiciados por las empresas que administran los hornos.
“No se permitió poner una cláusula expresa de plástico, cartón y papel”, se queja el director de Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Andrés Nápoli. Junto con FARN, Greenpeace, la Fundación Avina y la Red Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir, entre otras ONG ecologistas, se opusieron a la incineración. Aseguran que es un recurso caro, sucio, y al que recién se debería considerar una vez que aumente el porcentaje de reciclado. Ayer presentaron un amparo para frenar su implementación. También lo rechazaron los cartoneros que recogen los residuos secos: unas 5.500 personas, repartidas en 12 cooperativas encargadas de la recolección.
El plan oficialista es instalar, en una primera tanda, siete plantas de incineración. Si bien no hay números estandarizados, ese sistema tiene un costo multimillonario: cada planta demandaría alrededor de 500 millones de dólares. Y podría ser de gestión privada. El gobierno porteño no dio detalles sobre las vías posibles de financiamiento, en un contexto de ajuste generalizado. Pero los gastos se repartirían entre Capital y provincia de Buenos Aires.
En el Area Metropolitana de Buenos Aires (que incluye a la Ciudad) se producen 15 mil toneladas diarias de residuos. Y más del 90% se entierra. Ante ese panorama, la empresa estatal Ceamse advierte que el relleno colapsará en cinco años, y ya no habrá lugar para tirar la basura.
Según un documento interno de la Ceamse, al que accedió PERFIL, las primeras plantas de termovalorización se instalarían en Capital (cerca del Autódromo, en el barrio de Lugano) y en otros municipios bonaerenses: dos en 3 de Febrero, otra en Ezeiza, en Lomas de Zamora, en Exaltación de la Cruz y Ensenada.