"Lava Jato" ("Lavado de autos") es la megacausa sobre corrupción política que reveló desde 2014 un enorme entramado de fraudes y de una forma de gobernar en Latinoamérica mezclando política y negocios en los años anteriores.
Su descubrimiento puso en serios problemas a decenas de políticos de Brasil, Perú y Argentina, entre otros países, y llevó a la Justicia de Brasil a poner tras las rejas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, y la corte ecuatoriana de condenar a 6 años de prisión al vicepresidente Jorge Glas.
La investigación comenzó en 2014 gracias a los datos aportados por un conjunto de 20 periodistas de investigación de 11 países de Latinoamérica y África, entre los cuales figura Emilia Delfino de Diario PERFIL. Ahora, casi cuatro años después, la historia fue elegida como una de las mejores investigaciones periodísticas de 2017 por Global Investigative Journalism Network.
“Investiga Lava Jato” incluyó, además, el trabajo de periodistas de los diarios Convoca (Perú), Folha de Sao Paulo (Brasil), Mil Hojas (Ecuador), Plaza Pública (Guatemala), El Faro (El Salvador), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (México), RunRun.es y El Pitazo (Venezuela) y Jornal Verdade (Mozambique).
La investigación denuncia que la empresa brasileña Odebrecht SA, un conglomerado de ingeniería, agricultura y producción petroquímica, admitió haber pagado sobornos por US$ 788 millones a cambio de obras públicas en Brasil y toda América Latina. La mayoría de las acusaciones están ligadas a la unidad de construcción de Odebrecht, responsable por el 43,7% de sus ingresos. Su portafolio incluye obras en el parque olímpico de Rio; en el estadio Maracaná; en el puerto de Mariel, en Cuba; viviendas en Panamá; el aeropuerto Simón Bolívar, en Venezuela; el de Nacala, en Mozambique y la carretera Frand Parkway, en Texas.
Los investigadores del caso Lava Jato descubrieron que Odebrecht sobornaba políticos para asegurarse millonarios contratos sobrefacturados en Petrobras y otras empresas estatales. Los políticos también recibían sobornos -a título personal o disfrazados de donaciones electorales- a cambio de leyes y regulaciones favorables a la compañía.
Semejante movimiento de dinero era meticulosamente registrado y gestionado por un departamento dentro de la empresa, dedicado exclusivamente a esa tarea. Tras resistir durante casi dos años a una lluvia de acusaciones, el grupo acordó revelar en 2017 sus delitos para suavizar las condena y poder salvar la empresa. Casi 80 ejecutivos relataron en detalle los engranajes de la corrupción y miles de empleados fueron despedidos.
Los investigadores descubrieron que el esquema de sobornos de Odebrecht S.A. se repetía en otros países de Latinoamérica, como México, Ecuador, Venezuela y Perú. En el marco de la investigación internacional, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció hace meses que la empresa y su filial petroquímica Braskem pagarían una multa de US$ 3.500 millones, un récord internacional en casos de corrupción.
El escándalo provocado por la constructora brasileña abrió cientos de investigaciones contra ministros, diputados y empresarios de Latinoamérica. La empresa reconoció haber pagado coimas en Argentina por US$ 59 millones entre los años 2007 a 2014 pero el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, negó haber acordado un pago de sobornos.
En Perú, el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski fue acusado de recibir de Odebrecht casi US$ 5 millones en asesorías cuando era ministro. El expresidente Ollanta Humala y su esposa ahora están en prisión preventiva por recibir presuntamente US$ 3 millones para su campaña y sobre otro exmandatario, Alejandro Toledo pesa la acusación de beneficiarse con US$ 20 millones.
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