El juez Claudio Bonadío investiga unos 564 expedientes de la Obra Social de Camioneros (Oschoca) porque cree que la mutual, en cooperación con la sospechada Droguería Urbana, falsificaba troqueles de remedios para quedarse con reintegros del Estado. El monto de los expedientes investigados asciende a casi $ 24 millones, sin contar un documento por 46 millones de pesos cuya veracidad está en duda.
Estos expedientes fueron obtenidos de la Administración de Programas Especiales (APE), el organismo que se encarga de controlar y distribuir fondos de las obras sociales.
Camioneros contrató a Droguería Urbana a fines de 2006 –como contó PERFIL el domingo pasado–, y a eso tal vez se deba que ese año sólo presentó 19 expedientes al APE por poco más de 400 mil pesos. El salto cuantitativo se da entre 2007 y 2008. Durante 2007, la obra social presentó 96 expedientes de la prestadora Urbana por más de 2,2 millones de pesos. Al año siguiente se presentaron 283 expedientes por más de 6,2 millones de pesos, es decir, que por distintas razones que la Justicia investiga, los expedientes se triplicaron, al igual que la facturación que Camioneros reclamó al APE en calidad de reintegros. Los expedientes contienen la información que justifica esos montos.
