El gobernador Axel Kicillof apunta ahora a aprobar el paquete impositivo que impulsa el 7 o el 8 de enero, tras un fuerte traspié en su primer intento por acordar con la oposición, que controla el Senado provincial. Luego de cuestionar con dureza a la oposición provincial y, en especial, a su antecesora, María Eugenia Vidal, buscará ahora iniciar el proceso legislativo en la Cámara baja bonaerense, donde tiene mayoría, tras encontrar en la Cámara alta un escollo infranqueable.
Como había ocurrido en el Senado el viernes, el debate en la Cámara de Diputados provincial comenzó con un pedido de cuarto intermedio para abrir un espacio de negociación, tras caer la sesión por falta de quórum. Pese a este nuevo traspié y el duro discurso que pronunció el viernes, Kicillof envió en la madrugada del sábado señales de su intención de negociar con la misma oposición que insistentemente calificó como “irresponsable”.
El gobernador también culpó a un naciente romance por haberse frustrado esta ley, al apuntar contra la “gobernadora” (sic) que “está en París” (en referencia al viaje que realizó Vidal junto a su nueva pareja, el periodista Enrique Sacco). Un histórico peronista recordaba ayer que a fines de 2015 también el amor frustró el proyecto impositivo a la ex gobernadora, cuando Ottavis se fue a Mar del Plata con Vicky Xipolitakis. No atendió los teléfonos y la negociación se empantanó. Cuando regresó, el bloque terminó partido en tres y recién entonces Vidal pudo tener su ley.
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La tarea de negociar con los opositores quedó en manos de su ministro de Economía, Pablo López, y el titular de ARBA, Cristian Girard, y varias fuentes dieron cuenta de la disposición a adoptar algunos cambios menores en el proyecto de ley impositiva 2020. La naciente gestión de Kicillof apuesta a la presión pública para lograr torcer la voluntad opositora de resistir el paquete, que denominaron “impuestazo”, si no hay modificaciones. Con este fin, a las denuncias del gobernador se sumó la voz de numerosos intendentes peronistas, que expresaron en las redes sociales críticas a la resistencia opositora.
Fuentes de la administración del Frente de Todos confirmaron que no están dispuestos a negociar uno de los puntos que más trascendencia pública logró. Kicillof promete ser inflexible ante los pedidos de reducir el 75% de aumento en el impuesto inmobiliario rural que, insiste el gobernador, solo afectaría a los propietarios con más de 2 mil hectáreas. Los legisladores de Juntos por el Cambio reclaman que ese aumento baje al 55%.
La pelea se entrecruza con la disputa por 21 cargos que corresponden a la oposición en distintos organismos públicos bonaerenses. Hasta ahora, Kicillof había negociado esos preciados puestos con María Eugenia Vidal. Pero en la gobernación ayer sostenían que los intendentes Jorge Macri (Vicente López), Néstor Grindetti (Lanús) y Julio Garro (La Plata) también reclaman su tajada en el reparto de cargos porque varios legisladores responden directamente a ellos. El oficialismo cree que en Diputados no tendrán inconvenientes para la media sanción: Tienen 45 bancas y Juntos por el Cambio, 39. Clave en esa negociación será el nuevo bloque, Cambio Federal, con cinco bancas que se fueron de Juntos por el Cambio, y tres bloques unipersonales con los que ya iniciaron conversaciones.
