Pocos periodistas quedaban en Casa Rosada cerca de las 22 del martes 11 de marzo de 2008, cuando el ministro de Economía Martín Lousteau anunció "la resolución 125". A tres meses y un día de iniciada la primera presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, pocos le prestaron atención a ese anuncio impositivo, casi burocrático, que elevaba la alícuota de retenciones al sector agropecuario. Esa decisión, sin embargo, generaría un conflicto se extendió durante 129 días y cambiaría para siempre el destino del kirchnerismo y de la política argentina en los próximos 10 años.
La resolución 125/2008, firmada por CFK y el entonces jefe de Gabinete Alberto Fernández, solo puede entenderse en el contexto económico de la época: 2008 fue el cénit de los precios altos de los commodities, cuando la crisis de las hipotecas ya se había desatado en Estados Unidos, pero todavía no se había convertido en la recesión global que llegaría a fin de año. El precio de la tonelada de soja en Chicago, que había oscilado entre los 300 y los 400 dólares en años previos, superaba la barrera de los 500 y se acercaba a los 600. En 2002, Eduardo Duhalde había impuesto retenciones fijas en torno al 20% de las exportaciones agrarias, una decisión que terminó siendo uno de los motores de la recuperación posterior.
¿Cuál era la idea de la 125, entonces? Establecer una fórmula que transforme el porcentaje retenido en móvil, en una relación inversa con el precio de los granos. Si el precio en Chicago caía por debajo de los 200 dólares la tonelada, la soja tendría retenciones cero. Pero con el valor en 400, ese porcentaje de impuestos pasaría al 35,75%. Y con un precio de 600, que parecía inevitable en esos meses, la tasa de retención llegaba a 49,33%. Es decir que el Gobierno se quedaría con la mitad del valor de lo producido, algo que los productores agropecuarios no estaban dispuestos a aceptar.
El 12 de marzo de 2008 comenzó una huelga de comercialización de granos, anunciada por la Mesa de Enlace Agropecuaria que agrupaba a las cuatro principales entidades del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro). Como explicaron luego los dirigentes, los unió el espanto. Luego vinieron los cortes de ruta, las movilizaciones, los cacerolazos en la Ciudad de Buenos Aires, las contra-marchas K (con Luis D'Elía y Guillermo Moreno reconquistando la Plaza de Mayo) y negociaciones fallidas que solo lograron echar leña al fuego Todo tuvo un final de película la madrugada del 18 de julio en el Congreso, con una votación empatada en el Senado. El voto decisivo y no-positivo fue del vicepresidente Julio Cobos, parte del "radicalismo K": no apoyó la medida y provocó una derrota política contundente del kirchnerismo.
125. Con la medida tomada por Casa Rosada, el sector agropecuario llamó al paro. Una semana después, el Gobierno fue tajante: "No va a haber cambios", dijo Lousteau. Las movilizaciones y los cortes de ruta en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba eran inocultables. Comenzó un fuerte desabastecimiento en las grandes ciudades. Uno de los grandes errores fueron las frases desafortunadas, que calaron hondo en el agro. El 25 de marzo, Cristina condenó la protesta y se refirió a ellos como los "piquetes de la abundancia" y aseguró que no se iba a dejar "extorsionar". En Buenos Aires estallaron los "cacerolazos" en reacción al discurso y sectores afines al oficialismo, se manifestaron en la Plaza de Mayo para "evitar un golpe de Estado", como lo definió Luis D'Elía. La situación estaba cada vez más tirante. El Gobierno se negaba a modificar la medida y el sector agropecuario a abandonar los piquetes y bloqueos.
A fines de marzo finalmente se habilitó una mesa de diálogo, pero ante la falta de acuerdos, los productores volvieron a las rutas. El 2 de abril levantaron los cortes para negociar por 30 días, sin embargo, los parches y medidas para calmar las aguas no llegaban a la cuestión de fondo, la famosa resolución 125. El conflicto comenzó a mutar y de ser meramente impositivo tuvo un viraje político-ideológico. El Gobierno judicializó el asunto y denunció a las entidades del campo por "violar las leyes de abastecimiento y seguridad" e "impedir el normal funcionamiento del transporte".
Cambinos. El 25 de abril renunció Lousteau y asumió Carlos Fernández, un dirigente de bajo perfil. La economía quedó completamente supeditada a la política. Recién el 19 de mayo volvieron a encauzarse las negociaciones, aunque no se llegó a un acuerdo, con más de 60 días de conflicto. Con el correr de los días, la pelea fue el único tema a discutir en la Argentina y el PJ acusó al campo de "golpista". La dirigencia agropecuaria reaccionó ratificando el paro de granos y sumó la interrupción en el envío de ganado a Liniers. Al judicializarse el conflicto, comenzaron las detenciones. El 30 de mayo arrestaron a 8 ruralistas por los cortes en las rutas y el sábado 14 de junio, la Gendarmería hizo lo mismo con Alfredo de Angeli en Gualeguaychú, aunque solo duró unas horas preso. El dirigente rural era uno de los hombres más importantes del conflicto. Ese fin de semana los cacerolazos llegaron a la Quinta de Olivos y el expresidente Néstor Kirchner participó de una manifestación oficialista en Plaza de Mayo.
Sin salida, Julio Cobos, vicepresidente, recomendó al Gobierno la participación del Congreso en la búsqueda de una solución, algo que aceptó Cristina el 17 de junio, al anunciarlo por cadena nacional. En la Cámara de Diputados, la batalla la ganó el oficialismo que aprobó el proyecto de ley de retenciones 129 a 122. El final fue de película. El 17 de julio, tras un debate de 18 horas, Cobos tuvo que desempatar la votación. El mendocino rechazó el proyecto: "Mi voto no es positivo", dijo. Un día después, el gobierno derogó la resolución. Habían pasado cuatro meses. El quiebre fue para siempre.
