La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones tiene en su poder la posibilidad de frenar de forma inminente el famoso 7D, el día en que, supone el Gobierno, el Grupo Clarín tiene que deshacerse de parte de sus empresas por la Ley de Medios.
La amenaza tiene en vilo al Gobierno y explica por qué los jueces de la sala se transformaron en una obsesión para la Casa Rosada.
El multimedios solicitó en octubre, en sigilo, una ampliación de la medida cautelar que lo protege de la desinversión. Como el juez la rechazó, la decisión quedó en manos de los tres integrantes de la Sala I: Francisco de las Carreras, Martín Diego Farrel y María Susana Najurieta.
Tanto la Casa Rosada como el Grupo Clarín lo mantuvieron en secreto. La empresa, porque sostiene que lo que le interesa es que se resuelva la cuestión de fondo (si es constitucional la desinversión). La maniobra para volver a frenar la ley contradice el argumento anterior. El Gobierno, porque ganó tiempo para denunciar a los camaristas y condicionarlos a la hora de fallar.
