En un nuevo capítulo de la puja entre Gobierno y Justicia para frenar el “avance kirchnerista” en la designación de jueces subrogantes, la Corte Suprema reivindicó como parte de sus facultades la habilitación de nuevos juzgados nacionales y federales que, según un artículo de la última ley de subrogancias, dejaba esa atribución en manos del Consejo de la Magistratura.
La decisión se habría llevado a cabo luego de las inquietudes planteadas desde diversos tribunales del país. Es la misma razón por la que el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, se reunirá esta tarde con los presidentes de las cámaras federales de todas las jurisdicciones, deslizaron en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
Los ministros Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Lorenzetti, resolvieron a través de una resolución asumir las facultades de “habilitación de juzgados una vez que estén designados los jueces como lo requiere la ley, es decir proceso ante la magistratura y posterior aval del senado de la Nación”, explican las voces judiciales.
En el documento la Corte instó al Consejo de la Magistratura, órgano encargado del manejo presupuestario del poder judicial, a proveer de recursos financieros, de infraestructura y materiales a una Cámara Federal de San Justo y dos Juzgados Federales de La Matanza.
De esta manera, la grieta Gobierno-Justicia amenaza con profundizarse ya que el Máximo Tribunal, frenó las facultades establecidas en la nueva ley de subrogancias, que dejaban abierta la posibilidad de que el Consejo, con una mayoría kirchnerista de siete miembros, pusiera en marcha un juzgado aún cuando no hubiera juez designado, colocando allí a un conjuez “afín”, ratifican altas voces de la justicia.
Con sustento en las potestades de “superintendencia”, los ministros habrían encontrado la “beta” de limitar la “embestida oficialista” en la justicia.
A partir de ahora, sólo se habilitará el funcionamiento de un nuevo juzgado creado por ley cuando esté designado su nuevo titular y reunidas las condiciones mínimas de infraestructura y recursos económicos para ello.
Este Tribunal “ha reiterado en todo momento con sus diversas composiciones que tiene todas las facultades implícitas necesarias para la plena efectiva realización de los fines que la Constitución le asigna en tanto poder del Estado”.
“Mediante el ejercicio de los aludidos poderes connaturales irrenunciables, esta Corte se ha declarado competente para producir aquellos actos de gobierno que fueren necesarios para la firma defensa de sus atribuciones”, dispuso el tribunal al defender la habilitación exclusiva de los nuevos tribunales.
“Entre los referidos actos de gobierno que ejerce esta Corte sobre el Poder Judicial, la puesta en funcionamiento d los tribunales creados por ley, como ordena la Constitución Nacional, es una atribución que el tribunal viene llevando a cabo sin interferencias de ninguna especie, antes ni después de la reforma constitucional de 1994”, subrayaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda.
Para algunos jueces y constitucionalistas, los ministros podrían haberse “excedido” en sus atribuciones al asumir facultades legislativas propias del Congreso.
Para ejercer este límite, debió “resolverlo en una causa” y no a través de una resolución, insisten los juristas que no coinciden en la mirada jurídica de los ministros de la Corte.
