Las filtraciones sobre lo que habría ocurrido en la reunión de los jueces y fiscales federales del caso Odebrecht con las autoridades de los Estados Unidos y dos miembros del gobierno de Mauricio Macri, volvió a tensar la relación entre un sector de la Justicia y el Ejecutivo.
Los magistrados Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Sebastián Ramos -que en realidad lleva una causa del Lava Jato ajena a Odebrecht- y Marcelo Martínez de Giorgi mantuvieron el martes un encuentro junto a los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez con miembros del Departamento de Justicia en Washington. El objetivo es acercar posiciones para que la Justicia argentina pueda acceder a los testimonios y pruebas que la constructora brasileña y otros confesores del Lava Jato declararon en los Estados Unidos el año pasado. En ese país, como en Brasil, los ejecutivos de Odebrecht y ex funcionarios de Petrobras aportaron evidencias sobre el pago de coimas en América Latina y África. En el caso de Argentina, la empresa admitió el pago de sobornos a ex funcionarios por al menos US$ 35 millones entre 2008 y 2014.
Lo que sucedió en esa reunión, admiten los magistrados, quedó condicionado por un acuerdo de confidencialidad. Pero tras mantener el encuentro, se “sorprendieron” con las primeras noticias sobre las pruebas prometidas que comenzaron a circular por los portales de Buenos Aires cuando todavía estaban en territorio estadounidense.
En los tribunales federales se despegaron de las filtraciones y apuntaron a los miembros del gobierno que formaron parte de la comitiva argentina en representación de los ministerio de Justicia y de Seguridad. Según sostuvieron fuentes judiciales a PERFIL, la filtración puede hacer caer el acuerdo de colaboración con Washington. “Las autoridades fueron claras. La condición de confidencialidad de lo que se habló y con quiénes nos reunimos es fundamental para que lleguen las pruebas que buscamos”, dijo uno de los magistrados.
