Una jueza federal de Río Grande ordenó embargos por más de 156 millones de dólares sobre bienes y activos de empresas británicas y estadounidenses denunciadas por la exploración y explotación ilegal de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
Los embargos fueron dispuestos por la jueza federal Lilian Herraez al admitir un pedido de los fiscales Marcelo Rapoport, de Río Grande, Adrián García Lois, coordinador de distrito de Tierra del Fuego, y Carlos Gonella, a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los funcionarios imputaron penalmente el 21 de abril a las empresas transnacionales Falkand Oil and Gas Limited (FOGL), Edison International SPA, Noble Energy Inc. y su filial Noble Energy Falkland Limited, Premier Oil plc y Rockhopper Exploration plc.
Según el Ministerio Público, la imputación fue por la presunta comisión de "actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en proximidades a las Islas Malvinas", dado que no cuentan "con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina".
Herraez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ordenó embargos por más de 156.432.000 millones de dólares. La medida incluye el secuestro de buques, de una plataforma semisumergible y cuentas bancarias de empresas británicas y estadounidenses.
Además, la magistrada ordenó el cese inmediato de la exploración y explotación en territorio argentino, medida que se había solicitado en el requerimiento de instrucción debido a los graves e irreparables daños ambientales producidos por las actividades petroleras ilícitas.
La orden judicial será notificada a la Cancillería para que, por vía diplomática y en cumplimiento de los pactos de cooperación internacional en materia judicial, sea derivada para su ejecución ante los tribunales de cada país en los que se encuentren radicados los activos identificados. Asimismo, la jueza autorizó al Ministerio Público Fiscal a realizar medidas tendientes a poner en conocimiento de lo decidido a los organismos internacionales correspondientes para hacer efectiva algunas de estas medidas, entre otras destinadas al embargo de bienes, cuentas bancarias y acciones, mediante la articulación de mecanismos internacionales.
Al momento de presentar la denuncia, Gonella, mencionaba que "cualquier persona física o jurídica, cualquier Estado que desee realizar actividades de esta naturaleza en nuestro territorio, tiene que contar con la autorización de las autoridades estatales". "En este caso –por tratarse de recursos naturales sometidos a la soberanía del Estado- y como se detectó a partir de una investigación de Cancillería que buques extranjeros de empresas extranjeras estaban haciendo este tipo de actividades sin contar con autorización, se iniciaron ya en el año 2010 sumarios administrativos y se sancionó a estas empresas", según la web de fiscalías nacional.
El fiscal advirtió que "como no cesaron con esta actividad, se presentó una denuncia penal en el marco de la ley 26.659 que regula estos delitos".
