La OEA pide que se legisle sobre publicidad oficial

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americano (OEA) se refirió a las "denuncias por arbitrariedades" del gobierno de Néstor Kirchner en la asignación de la publicidad oficial y pidió al Congreso que avance en legislar sobre la materia.

En su Evaluación de la Libertad de Expresión en el cuarto tirmestre de 2006, al abordar el capítulo argentino, la dependencia de la OEA reclamó que "tomando en cuenta las denuncias sobre asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial en el país, la Relatoría Especial considera importante que se pueda avanzar en la consideración de proyectos de ley pendientes en el Congreso Nacional que procuran regular la asignación de publicidad oficial".

La denuncia de la OEA fue acompañada por opiniones de diversas ONG. Así, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) reclamó que "darle un marco legal adecuado a la asignación y contratación de la pauta oficial es un paso imprescindible para aumentar la transparencia, reducir la discrecionalidad, evitar sospechas de favoritismos políticos y permitir el control de los fondos públicos destinados a publicidad".

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados tiene en carpeta un proyecto sobre el tema presentado por ADC.

La organización Reporteros Sin Frontera (RSF) manifestó en su Reporte Anual 2007 que "mientras siguen siendo bastante tensas las relaciones entre la presidencia  (argentina) y la prensa, la presión política y el chantaje de la publicidad oficial han llevado a un cierto número de medios de comunicación, nacionales o regionales, a censurar sus programas".

"El chantaje de la publicidad oficial ha obligado en muchas ocasiones a los medios de comunicación a someterse a la voluntad editorial de los gobernadores, o de los cargos públicos. En Tucumán (Norte), el 13 de marzo se aplazó sine die la difusión del programa "Periodismo de Verdad" en el canal local 5 ATS. El motivo oficial fue que el canal quería dedicar más espacio al ocio y menos a la política. Pero la razón oficiosa fue que el gobierno de la provincia había amenazado con no concederle un maná publicitario de 20.000 euros, indispensable para la supervivencia del medio", denunció RSF.