El gobierno peronista de los Kirchner está transitando su último año y la previsible hiperactividad de los jueces de Comodoro Py genera todo tipo de reacciones. Bonadio ha sido -las pasadas semanas- la figura excluyente de este escenario
El espectacular allanamiento de una oficina -en la que, se sabía, nada se iba a encontrar- sirvió para poner a la luz del día la lógica que rige la relación entre la justicia federal y los gobiernos del partido fundado por el General Perón -a cuya doctrina adhiere la mayoría de estos magistrados-, que indica que sólo se investiga por sus tropelías a quienes pierden el poder, aunque tal pesquisa no garantice condena por los delitos cometidos.
Esta lógica es la que primó en las causas (Tandanor y Curtiembre Yoma) por las que Bonadio fue sancionado por el Consejo de la Magistratura.
En ellas, como en varias otras, la prescripción de la acción penal (operada gracias a la morosidad de un juez) ha ido en auxilio de antiguos compañeros de ruta o de generosos benefactores.
El domingo, un destacado periodista ha editorializado que defender a Bonadio es defender el principio básico de que un juez pueda investigar también a la presidente y atacarlo es torpedear dos ideas virtuosas: que nadie tiene coronita –por más monarca que se crea- y que el poder no es intocable.
Más allá de la opinión, lo novedoso no ha sido el previsible accionar de Bonadio, sino la reacción que la sanción a Bonadío ha generado.
La llamada “oposición”, que incluye a hombres del mismo signo político del gobierno, en su mayoría -al igual que el periodismo- se solidarizó con el juez.
Alguno -sin pudor- ha solicitado la colaboración de la sociedad (que incluye al asalariado que paga ganancias y al jubilado que cobra la mínima) para una colecta que permita auxiliar económicamente a un magistrado que debe soportar -por única vez- una multa del 30% de un sueldo que supera los $ 70.000.
Otro ha tildado de nula la sanción, sin advertir que el derecho de defensa del juez estuvo asegurado y que la declamada inhabilidad de un consejero -en la práctica- no altera el resultado de la votación porque el voto de la Presidente desempata.
Sin embargo, la saga Bonadio, también ha puesto en blanco sobre negro la fractura y la crisis de representación -sin antecedentes- que existe entre los jueces.
Desde su origen el Consejo funcionó con mayoría peronista (en el gobierno de la Alianza se mantuvo la integración menemista).
Esto significó que los representantes de los jueces siempre acordaron con el peronismo “negociando con él” las cuestiones del Consejo, a punto tal que la reforma de la ley 26.080 -de autoría de CFK- recoge y refleja sus reclamos corporativos.
A partir de esa ley -2006- fue notable la proliferación de concursos sospechados y ya es generalizada la opinión sobre el desprestigio de los mismos, en principio, por la inexistencia de jurados integrados por profesionales (jueces y académicos) altamente reconocidos por la comunidad jurídica.
En ellos, los representantes de los jueces -en pleno- avalan a los postulantes bendecidos por el oficialismo para la cobertura de cargos en fueros federales (en especial de la Capital Federal) a cambio de mantener su control sobre la integración de las ternas para las designaciones en los fueros ordinarios (que deberían pasar a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires).
En la Comisión de Disciplina y Acusación -hasta el huracán Vázquez- nunca se contó con el voto de los jueces para investigar la cuestionable conducta de magistrados cuya “afinidad” con el oficialismo es evidente. El voto favorable de los representantes del estamento judicial -desde 2006- hubiera permitido, sumado al de los abogados y los representantes de la oposición política, alcanzar la mayoría necesaria para dilucidar la responsabilidad de jueces como Norberto Oyarbide, Daniel Rafecas, Carlos Rozanski y el propio Bonadío, cuya actuación merecería algún tipo de reproche de parte de sus pares que, en estos casos, fueron más proclives al silencio exculpatorio que al señalamiento de aquellos que no honran la dignidad del cargo.
Esta lógica parece haber cambiado.
En efecto, para multar a Bonadio fue decisivo el voto de la Presidente del Consejo, la doctora Gabriela Vázquez.
Más allá de las especulaciones políticas y periodísticas sobre el accionar de Vázquez, lo cierto es que, por primera vez, se quiebra -a manos de una juez- el espíritu corporativo que caracteriza al estamento judicial, que no se circunscribe a la declamada defensa de la remuneración cuya intangibilidad, por cierto, está garantizada por la Constitución Nacional.
Esto, para la sociedad, resulta esperanzador.
Sería de esperar que los representantes de los jueces, de aquí en más, defiendan la excelencia en la prestación del servicio de justicia asegurando a la sociedad la elección de los mejores y la exclusión de los indignos, y se abstengan de negociar con el poder político espacios de poder y privilegios que, tarde o temprano, resultan arrollados por el atropello de gobiernos autocráticos.
Senador de la Nación (Chubut).
Ex - Consejero del Consejo de la Magistratura.
