Además de la crisis económica, Santa Cruz atraviesa una situación política delicada. Ayer a la madrugada, una marcha frente a la residencia oficial de la gobernadora se desmadró cuando algunos individuos ingresaron al patio de la vivienda por la fuerza, rompiendo el portón principal y arrojando piedras a las ventanas, mientras se encontraban en el interior Alicia Kirchner y la ex presidenta Cristina Kirchner.
Adentro de la casa, en Río Gallegos, también estaban Florencia Kirchner y su hija Helena, y la hija de Alicia, Romina Mercado. La policía reprimió y hubo algunos heridos. La ex presidenta culpó por el ataque a la residencia a la oposición provincial y denunció que los que intentaron entrar tenían el “visto bueno del gobierno nacional”.
Como consecuencia de la gravedad de los hechos, criticados en público por el presidente Mauricio Macri, el Gobierno evalúa un pedido oficial de Alicia Kirchner de reforzar la seguridad en la provincia.
Fuentes del Ministerio de Seguridad nacional dijeron a PERFIL que están preparando planes de contingencia para evitar, en el futuro, ataques a la residencia oficial, y para garantizar la seguridad de la ex presidenta. La ministra Patricia Bullrich, según publicó Clarín, dijo que incluso evaluaron un plan de evacuación para Cristina porque la responsabilidad de la Nación es mantener a salvo a la ex mandataria. De hecho, tras los incidentes reforzaron su custodia.
Fuentes del gobierno nacional dijeron a este diario que tomaron conocimiento de la radicalización de algunos sectores sindicales y de izquierda y consideraron que esa situación, sumada a la bronca de la clase media por la demora en el pago de los salarios, termina siendo un cóctel explosivo. “Está fuera de control la situación. Porque esos sectores radicalizados no responden a ningún dirigente con el que se pueda conversar”, explicó un funcionario nacional.
La gobernadora, por su parte, dijo que la oposición quiere su “cabeza” para la campaña electoral. En otras palabras, que buscan forzar su renuncia. Tanto CFK como Alicia denunciaron que hay sectores mediáticos agitando el conflicto en la provincia.
El viceministro del Interior, Sebastián García de Luca, advirtió, en diálogo con este diario, que la actual administración santacruceña es responsable de la situación que atraviesa la provincia pero aclaró que la administración nacional seguirá “trabajando, como lo venimos haciendo, para garantizar la gobernabilidad”.
En rojo. El Gobierno rechazó, además, la idea de una intervención federal. La Casa Rosada envió este año adelantos financieros por más de mil millones de pesos. Esos anticipos son cancelados por la gobernación cada fin de mes.
El vicegobernador santacruceño, Pablo González, declaró que están negociando un préstamo con el Banco Nación para paliar la crisis. Y la gobernadora confirmó que quieren colocar un bono de 350 millones de dólares, pero para eso necesitan autorización de la Nación. El Gobierno contestó que no hubo ningún pedido oficial.
Un problema que en Santa Cruz reconocen es que, al tener los números en rojo, se les dificulta conseguir financiamiento externo. Básicamente, porque pocos creen que puedan devolver el dinero. La diferencia entre los ingresos y los gastos previstos para este año es de 6 mil millones de pesos. El equipo político y económico de Macri considera que Santa Cruz tiene la obligación de hacer una reforma profunda para reducir el gasto y darle “transparencia” al sistema político. La Rosada asegura que, hasta ahora, no se ha producido ningún cambio en materia económica y social.
Lo que pretende el Presidente, en líneas generales, es que Kirchner despida personal –asegura que sobran empleados públicos– y que elimine la ley de lemas antes de las elecciones de medio término
Otra marcha en Río Gallegos
El gremio docente y organizaciones de izquierda encabezaron anoche una nueva marcha junto a distintos sectores de la sociedad santacruceña en repudio a la represión de la madrugada y para pedir la renuncia de la gobernadora Alicia Kirchner. Los manifestantes colocaron carteles en las puertas de la Gobernación con duros cuestionamientos a la mandataria provincial y a la ex presidenta Cristina Kirchner.
La gobernadora había denunciado por la mañana a los gremios como los instigadores de los incidentes violentos que tuvieron lugar en los alrededores de la residencia oficial. Pero Adosac, que agrupa a los maestros, rechazó las declaraciones de la gobernadora. “Ellos se han enriquecido y han empobrecido a los santacruceños”, dijo el sindicalista Pedro Cormak. También recordó que hubo un reportero gráfico de ATE herido como consecuencia de las balas de goma que tiró la Policía de Santa Cruz.
