La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió a la Justicia que dicte la inhibición general de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de 28 compañías cuya propiedad se atribuye al empresario kirchnerista Lázaro Báez.
El órgano descentralizado del Ministerio de Justicia confirmó que ambas medidas fueron solicitadas al juez federal Sebastián Casanello, que instruye la causa penal contra el empresario K.
Báez se encuentra procesado con prisión preventiva, que cumple en el penal de Ezeiza, por supuesto lavado de dinero, junto a varios de sus ex colaboradores.
Algunas de las firmas y entidades alcanzadas por el pedido de la UIF son Austral Construcciones SA; la financiera Invernes; y la constructora Kank & Costilla, indicaron fuentes juduciales a la agencia DyN.
El pasado 18 de abril, Casanello procesó con prisión preventiva al empresario kirchnerista y a su contador, Daniel Pérez Gadín, y dictó procesamientos para el resto de los imputados: los hijos de ambos, Martin Báez y Sebastián Pérez Gadín, el asesor Fabián Rossi, el presidente de la SGI (La Rosadita) César Fernández y el titular de Top Air, Walter Zanzot.
También ordenó la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la sociedad Helvetic Services Group SA, radicada en Suiza, que en 2013 le habría transferido 209 millones de pesos a Austral Construcciones SA.
Báez admitió que su empresa Austral Construcciones SA recibió aquellos fondos y aseguró que se trató de un préstamo para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”. El empresario K negó ser el dueño de Helvetic Services Group, la sociedad que según Federico Elaskar compró su financiera SGI, más conocida como “La Rosadita”. Pero una grabación difundida en enero, en la que se veía a su hijo Martín Báez y a otras personas contando 5,5 millones de dólares de origen incierto, reactivó este expediente judicial.
