Martín Báez, hijo mayor del empresario Lázaro Báez, repitió nuevamente los pasos de su padre, se negó a responder preguntas y presentó su versión de los hechos en un escrito durante su segunda declaración indagatoria frente el juez federal Sebastián Casanello.
Báez hijo llegó acompañado por su abogado Luis Rubinovich, negó las acusaciones en su contra, afirmó que es un accionista minoritario de Austral Construcciones y que no tiene vinculación con Helvetic Services Group, la firma que le compró a Federico Elaskar la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita".
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Martín, procesado sin prisión preventiva por el delito de lavado de dinero, debía responder por la repatriación de unos US$ 59 millones que Austral Construcciones trajo de Suiza en forma de bonos durante 2012 y 2013. Para la Justicia esos fondos serían de origen ilícito y regresaron blanqueados gracias a la intervención de la financiera suiza Helvetic Service Group.
En la misma línea que su padre, insistió en que la multimillonaria operación con bonos por la que están acusados se realizó como parte de su intención de adjudicarse la licitación de la construcción de las represas Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic en Santa Cruz.
En esa dirección volvió sobre los pasos de su padre y nombró a Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente Mauricio Macri, y a la compañía china, Sinohydro Corporation, que también fue socia de ambas en la Unión Transitoria de Empresas que conformaron para licitar.
Martín, de 35 años, también se quejó en el escrito por haber sido convocado "sin prueba alguna". Sin embargo, en el expediente constan los cheques por $ 200 millones que prueban la operación financiera. Los fondos salieron de Suiza y terminaron depositados en la cuenta de Austral Construcciones del Banco Nación.
El acusado se quejó porque al dictar su procesamiento por los US$ 5 millones contados en "La Rosadita", Casanello embargó todos los bienes de la familia, además de dictar la prisión preventiva a su padre y de su contador Daniel Perez Gadín. Pidió una pericia de los videos y se quejó por el embargo patrimonial de su familia. Dijo que se "imponía" a su familia “la pena económica total, equiparable a la reclusión perpetua".
Tanto Lázaro Báez como su esposa, Mónica Calismonte advirtieron en su oportunidad que el límite era su hijo, Martín Báez. Si quedaba detenido, Báez podía quebrar un pacto de silencio.
El hijo del matrimonio Báez está procesado pero mantiene su libertad. Hasta ahora, el único arrepentido en la investigación es el valijero Leonardo Fariña. El resto de los detenidos confluyen en una estrategia legal común y se declaran inocentes.
