Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela recopiladas entre el éxodo en Argentina ya se encuentran depositadas en cajas cerradas en la Cancillería, listas para ser enviadas la semana próxima a los tribunales internacionales de La Haya y la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
Las pruebas viajarán como valija diplomática para protegerlas de cualquier vulneración durante su tránsito a los juzgados. Y siguiendo el protocolo de recopilación y almacenamiento, la identidad del denunciante se mantendrá separada de su declaración. Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene planeado viajar la semana del 14 de octubre a La Haya para reunirse con los fiscales de la Corte Penal Internacional con la documentación ya en su poder.
Junto a las cajas correspondientes, que contienen los testimonios en crudo para ser valorados por los fiscales de la CPI, se adjunta un informe de la Subsecretaría de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos con la síntesis del trabajo realizado entre el 24 de julio y el 22 de agosto en el Centro de Orientación a Migrantes y Refugiados.
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El documento señala crímenes de todo tipo, desde violencia sexual hasta ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y distintos tipos de torturas. También los lugares donde se habrían puesto en práctica estos delitos de forma sistemática, en Caracas y los estados de Aragua, Lara, Falcon, Mérida, Bolívar, Carabobo y Anzoátegui, además de las fuerzas involucradas y las autoridades a cargo. De los 44 testimonios seleccionados, las autoridades indican que 29 “corresponden a conductas que encuadrarían en posibles crímenes de lesa humanidad, según lo estipulado en el Estatuto de Roma”.
Hace un año, el 25 de septiembre de 2018, Argentina, Perú, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay solicitaron a la Fiscalía de la CPI que inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que pudieron ocurrir en Venezuela desde 2014, bajo gobierno de Nicolás Maduro. Perú, entre otros países, ya manifestaron su interés en seguir el modelo argentino de recolección de evidencias bajo estándares internacionales para ser remitidas a La Haya.
En paralelo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas votó ayer una resolución patrocinada por la Argentina, entre otros países, a fin de abrir una investigación independiente sobre este mismo tipo de denuncias contra el gobierno de Maduro. La comisión tendrá hasta el año que viene para elaborar sus propias conclusiones y contrastarlas con el informe que publicó, en julio pasado, la oficina de Bachelet.
Además, los países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca acordaron investigar posibles delitos de lavado de dinero y similares por parte de personajes vinculados al poder chavista. Y en una reunión posterior con el Grupo de Contacto Internacional, solicitaron a estos países su cooperación.
