Los jueces federales salen a marcar la cancha. Esta vez, es oficial. Desde hace meses, en voz baja y con un inesperado nivel de adhesión, organizan una liga de jueces para oficializar, por primera vez, que representan un grupo de poder dispuesto a plantarse frente a las críticas, los embates políticos y las internas con otros poderes. Así lo confirmaron a PERFIL magistrados y armadores del grupo.
De esta manera, los jueces federales, que deben investigar al poder político y económico, tendrán su propia asociación y una plataforma para imponer su agenda, su voz y su poder, pero también para reaccionar en bloque frente a las embestidas, críticas y denuncias en contra de miembros de la liga. El espíritu del armado es: “Si tocan a uno, nos tocan a todos”, contó un magistrado. Un síntoma de preocupación y un mensaje al Gobierno.
Los promotores de la liga residen en los tribunales de Retiro. La idea comenzó a gestarse en mayo, durante la visita de varios magistrados al Vaticano. Los federales de Capital Federal tienen a su cargo los casos más calientes: corrupción en las administraciones nacionales, pasadas y presente. Son quienes también deben investigar al narcotráfico. La liga busca aglutinar a todos los federales de las provincias e ir más allá del fuero penal. Están sumando jueces del fuero Penal Económico y de los tribunales orales.
La mayoría de los jueces federales tiene vínculos individuales con el poder político, empresarios, organismos internacionales, con el Papa y hasta con la Embajada de los Estados Unidos. Pero las turbulencias políticas y mediáticas en torno a sus decisiones los dejó más expuestos y vulnerables. Su comportamiento y sus fallos están bajo una lupa más potente y los servicios de inteligencia los siguen de cerca. O están cerca. La conclusión a la que llegaron en los últimos meses es que la unión los hace más fuertes.
Todavía discuten los detalles de la liga, como el nombre formal, pero ya tienen en claro los objetivos. Uno de ellos es incidir en la elección de jueces y en el tratamiento de las denuncias contra los magistrados. Por ello, se propusieron buscar una silla en el Consejo de la Magistratura, el órgano que los elige y controla.
En el último mes, los once jueces federales de Comodoro Py almorzaron dos veces para discutir el espíritu de la liga. Uno de los encuentros fue en el Sheraton de Pilar, donde debatieron sobre la necesidad de limar asperezas y poner en remojo sus diferencias ideológicas. Tres ejes o episodios los ayudaron a convencerse: la solicitada contra Daniel Rafecas, la embestida contra Sebastián Casanello y la situación de varios jueces en el Consejo de la Magistratura, donde los propios representantes de los magistrados en el organismo –que no son federales– votaron en su contra.
Bisagra. Desde la asunción de Mauricio Macri, un sector del Ejecutivo liderado por el ministro de Justicia, Germán Garavano, instaló el debate sobre el poder de los jueces federales. El funcionario, al igual que gran parte del poder político y mediático, los considera una corporación que busca perpetuarse en el poder y que utiliza las investigaciones por corrupción como carta de negociación. El ministro sintió la resistencia a varios proyectos de reforma del sistema judicial que buscaban alterar las funciones de los federales y buscaba un recambio de magistrados designados por el macrismo.
Los federales todavía reclaman no haber sido consultados para escuchar su posición frente a esas reformas. La tensión llegó al punto en que el Ejecutivo debió poner el proyecto en remojo.
