“El pabellón de los corruptos”, en el que cumple prisión preventiva José López, no es sólo una expresión. El Servicio Penitenciario Federal debió acondicionar uno de los sectores de la Unidad Penal de Ezeiza para recibir a internos acusados por delitos de corrupción con un doble objetivo: aislarlos de la población común y mantener un control más exhaustivo sobre los guardias.
El peligro, en ambos casos, dados sus antecedentes y su poder económico, es que intenten –con dinero u otros recursos– doblegar la voluntad de presos y agentes penitenciarios para obtener beneficios.
El 31 de marzo de 2016, la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Emiliano Blanco, instrumentó el Sistema de Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad (IRIC), en Ezeiza y en Marcos Paz. Para ello, la resolución 443/16 del organismo estableció la selección de agentes con “demostrada profesionalidad, trayectoria y valores éticos y morales”.
El alojamiento diferenciado se aplica en el módulo seis de la prisión Ezeiza, donde el ex secretario de Obras Públicas comparte residencia con el empresario patagónico Lázaro Baéz; su contador, Daniel Pérez Gadín, y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. El grupo lo completa el díscolo Jorge Chueco, quien solicitó, expresamente, a las autoridades no mezclarse con los otros presos por corrupción. Fue enviado al módulo cinco.
La población del pabellón donde están alojados es reducida y de edad adulta. López intentó quedarse en el hospital del penal, “haciéndose pasar por loco”, indicaron fuentes penitenciarias a PERFIL. Pero tras las pericias, no lo logró.
Son considerados admisibles bajo el sistema IRIC aquellos internos que tengan un alto poder económico; vinculación destacada con grupos de criminalidad organizada o transnacional; condenados o procesados por delitos de corrupción, de criminalidad económica u organizados tales como la trata de personas, narcotráfico y lavado de dinero; capacidad fundada de influir o infiltrarse en altas esferas de poder político; capacidad de corromper el desempeño del personal; ex funcionarios públicos que hayan tenido acceso a altos niveles de gobierno.