El presidente Mauricio Macri dispuso por decreto que quienes quieran ser designados jueces deberán pasar un examen de la AFIP, que realizará un exhaustivo análisis patrimonial y de consistencia de sus declaraciones juradas, cuentas e inversiones.
El decreto, que también lleva la firma del ministro de Justicia, Germán Garavano, modificó otros dos anteriores (el 588 y el 222), en los que ya estaba previsto un informe de la AFIP. Este miércoles fue publicado en el Boletín Oficial.
La norma determinó que, de ahora en adelante, quienes se anoten en los concursos para aspirar a ser juez deberán haber pasado una prueba de la AFIP que analizará sus bienes, sus declaraciones de impuestos y su patrimonio.
Ahora además de llevar a cabo un análisis sobre si registran o no deudas fiscales, se sumará un informe más exhaustivo sobre el patrimonio y de consistencia de sus declaraciones juradas. Esta medida se aplica a quienes se anoten de ahora en adelante en los concursos y a los postulantes cuyo pliego esté bajo análisis del Consejo de la Magistratura y aun en los casos en que se hubieran elevado ternas al Poder Ejecutivo y el pliego del postulante aún no hubiera sido elevado al Senado.
La información permanecerá protegida por el secreto fiscal, aclara el texto del decreto. La intención del Gobierno es además detectar si hay irregularidades patrimoniales, sobre todo en casos de jueces que investigan delitos de narcotráfico o corrupción.
A partir de este informe quedará asentada una suerte de declaración jurada inicial del magistrado, pero con mayor detalle que la actual, que los jueces presentan ante la Corte Suprema de Justicia. De hecho, esta información económica estará en manos en el Ministerio de Justicia, en el Poder Ejecutivo.
