POLITICA

Macri intimará a Cristóbal López por el casino flotante

Luego de que la Corte Suprema le devolviera al Gobierno de la Ciudad el poder sobre el barco de juegos, le pedirán al empresario K que pague impuestos. Fotos. Galería de fotos

El gobierno de la Ciudad y Nación habían realizado un acuerdo para incrementar los fondos por el juego.
| Cedoc

El Casino Puerto Madero sumará un nuevo episodio en su agitada historia sobre el Río de la Plata. Es que la Corte Suprema le devolvió a la Ciudad de Buenos Aires el control de los buques de juego y hoy mismo el gobierno de Mauricio Macri exigiría que empiecen a pagar ingresos brutos.

El Estado porteño estuvo 12 años sin poder ejercer "poder de policía" ni cobrar impuestos al casino flotante anclado en la zona portuaria de la Ciudad, que es administrado por una concesión del empresario kirchnerista Cristóbal López. Pero el máximo tribunal dejó sin efecto esa medida cautelar por lo que, según informaron fuentes del gobierno a Perfil.com, Macri lo intimará para que comience a pagar los impuestos a los ingresos brutos.

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La Corte Suprema había hecho lugar a un recurso de queja planteado por el Gobierno porteño y declaró "abstractas" las medidas provisorias dictadas por la justicia en lo Civil y Comercial Federal, advirtiendo que a lo largo del proceso existieron "excesos deformantes".

El litigio se inició en 1999 cuando el barco, como tal, planteó una acción declarativa de certeza sobre quién tenía jurisdicción sobre su emplazamiento, si el gobierno local o el nacional. Pero la medida devino luego en un freno a la posibilidad de inspeccionar el lugar y cobrar ingresos brutos a la embarcación y al establecimiento de juegos de azar que funciona en su interior.

La medida cautelar se mantuvo, pese a que en 2003 el Estado Nacional y el Gobierno porteño suscribieron un convenio para poner fin a la controversia, mediante la regulación de "la participación de cada una de las jurisdicciones en el producido de la comercialización de los juegos de azar a los que se refiere".

Las partes "acordaron las pautas concernientes a la habilitación de los establecimientos dedicados al juego", con lo cual las razones de "certeza" que se habían invocado al inicio del proceso habían desaparecido.