Narcos y campañas políticas: opacidad y vacío legal
Sin legislación provincial que asegure mecanismos de control, la chance de que fondos vinculados al nacrotráfico financien actividades proselitistas es real, sobre todo en años de comicios. La Justicia ya tiene varios pedidos para aumentar la transparencia y cree que el modelo a seguir se basa en la normativa 26.215, que impacta en los partidos a nivel nacional. Los principales puntos de la ley y qué sostiene la Cámara Nacional Electoral a través de su Acordada 45. Di Ponti, diputada del PJ de Santa Fe, señala que con las resoluciones que existen se puede detectar la ruta de lavado de dinero. Un tema que no está en agenda.
Claridad. Es lo que piden distintos sectores de cara a este proceso electoral. Bento, el magistrado complicado. |
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La posibilidad de que el narcotráfico financie campañas electorales está latente. Y ya cuenta con una advertencia por parte de la Cámara Nacional Electoral pero no encuentra eco en la agenda pública ni figura en las plataformas de las grandes coaliciones que aspiran a conducir la Casa Rosada a partir de diciembre. Hay una certeza: falta legislación que pueda darle más transparencia al origen de aportes.
Como se ve en otros países, el narcotráfico no busca contar con senadores ni diputados sino que coloca su mira en cargos ejecutivos, como intendencias, que le pueda asegurar control territorial. En ese marco, las sospechas recaen sobre cómo se financian determinadas aventuras electorales locales que quedan fuera de los límites de la Ley 26.215. Dicha normativa regula la subvención, a nivel nacional, de los partidos y sus campañas. Pero nada dice de lo que pasa en las provincias.
Por lo tanto, fuentes judiciales, en contacto con PERFIL, señalan que es necesario que cada jurisdicción avance con leyes que obliguen a los espacios a que presten transparencia.
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“Se puede requerir información, controles, pero sin una ley en el medio es muy difícil y hoy te encontrás con provincias que ni siquiera tienen resoluciones sobre el tema”, señalan. Como primer paso, mencionan que cada fuerza debería presentar una declaración de aportantes, algo que sería útil para que la Justicia pueda concretar una fiscalización y, en caso de irregularidades, exista una sanción.
Y toman como ejemplo la ley vigente a nivel país, que establece, entre otros puntos, que las donaciones en efectivo quedan prohibidas.
En cuanto a los aportes, estos deben realizarse mediante transferencia bancaria, depósito bancario acreditando identidad, medio electrónico, cheque, tarjeta de crédito o débito, o plataformas y aplicativos digitales que “permitan la identificación del donante”.
Entre otros puntos, no se puede pagar por bienes o servicios para las campañas: sólo las agrupaciones que compiten en la elección pueden hacer gastos proselitistas y los bienes o servicios cedidos a las campañas “son considerados donaciones en especies y deben ser declarados por su valor de mercado”.
Para las principales alianzas que buscan el liderazgo del gobierno el tema financiamiento de fuerzas y relación con el narcotráfico no entra en su radar. De hecho, en las plataformas que presentaron ni siquiera mencionan la problemática.
Ante este medio, Lucila Di Ponti, la diputada provincial del PJ de Santa Fe, territorio atravesado por denuncias sobre el narcotráfico, mencionó que existen “resoluciones del tribunal electoral que organizan el control”.
“Se pueden mejorar o hacer más estrictas, pero si se cumple lo establecido se puede trazar la ruta del financiamiento”, estableció.
También, subrayó que quienes tienen elementos concretos para señalar que “hay un financiamiento ilegal” lo denuncien.
La legisladora, además, propone fortalecer los mecanismos de persecución judicial para detectar cualquier ruta de lavado de dinero, tanto hacia la política como hacia otras actividades legales.
Por esta problemática, la CNE habló del grado de sofisticación del crimen organizado, en su Acordada Nro. 45 que vio la luz este año.
El contexto, marca el órgano, obliga al Poder Legislativo a “una actualización de las normas, para adecuarlas a las nuevas formas de criminalidad”.
Y dice que la Justicia Electoral debe contar con “herramientas adecuadas”.
Un juez en la mira por sus vínculos
Hay un juez sospechado de vínculos con el narcotráfico: se trata de Walter Bento, con competencia electoral y actualmente suspendido en su cargo del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza tras el avance de un expediente en su contra.
También tiene encima un proceso de juicio político por parte del Consejo de la Magistratura.
Bento está imputado y procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, entre otros. El hecho que desencadenó la investigación fueron unas escuchas telefónicas que encontró el fiscal general Dante Vega en una causa por narco.
