María Eugenia Vidal consiguió designar a un juez de la Corte bonaerense. Fue casi una hazaña en la Provincia, donde no se producía una vacante desde la gestión de Felipe Solá y donde el peronismo dominó la política y la justicia en las últimas décadas.
Pero ese nombramiento originó la tensión con el supremo Eduardo De Lázzari, que preside el tribunal. El magistrado se opuso desde el principio a tomarle juramento a Sergio Gabriel Torres, que se desempeñó hasta mayo como juez federal en Comodoro Py, porque no cumplía un requisito básico: la residencia inmediata de dos años en la provincia de Buenos Aires.
Torres dijo que sí lo cumplía, porque lo había establecido en un edificio en la localidad bonaerense de Tigre y llevaba dos años “inmediatos” con esa dirección. Pero si bien la jura de Torres fue avalada por cuatro de los seis miembros que estaban en la Corte, por el Senado y por el Procurador General, PERFIL corroboró no sólo que al momento de fijar su residencia en Tigre ese lugar era un edificio en construcción (y por tanto inhabitable) sino que, además, la justicia electoral informó que el hasta este año juez federal sigue viviendo en la Ciudad de Buenos Aires.
Y el último padrón provisorio revela que Torres votará en suelo porteño. Fuentes judiciales defendieron la designación del magistrado en la Corte: “Pasó todas las instancias. Fue votado por el Senado y avalado por la Procuración. Si hubiera habido alguna objeción, su pliego no hubiera pasado”, dijeron.
Pero lo que parece que “nadie vio” es que Torres no sólo no puede probar los dos años de residencia inmediata con la documentación que presentó sino que los datos más bien muestran todo lo contrario. Es sugerente el silencio que hizo el kirchnerismo en la Legislatura bonaerense ante esta irregularidad que sí advirtió el presidente del tribunal y algunos académicos.
Hay dos hipótesis sobre ese silencio. Una es que el kirchnerismo no quiso agitar un debate que puede perjudicar a su candidato a la gobernación, Axel Kicillof. Es que una de las cosas que le cuestionaron al ex ministro de Economía es que no cumple con el requisito del domicilio. Aunque desde su entorno siempre aclararon que en su infancia, Kicillof vivió varios años en Merlo.
La otra hipótesis indica que como juez federal Torres siempre fue bien visto por el kirchnerismo y por La Cámpora por el “trato respetuoso” que le supo dar en las causas judiciales en las que estaban involucrados de manera directa o indirecta.
La documentación
Torres votó en Capital Federal en la primera y segunda vuelta de 2015, luego de no haberlo hecho en las PASO. A su vez, emitió su voto en la Ciudad en los comicios de 2017. Según el padrón definitivo que acaba de dar a conocer la Cámara Nacional Electoral, Torres votará en una escuela del barrio de Devoto cuando se celebren las PASO el domingo 11 de agosto. Desde el máximo tribunal provincial señalaron que el tema está cerrado y que no harán declaraciones.
Por otro lado, la Justicia Nacional Electoral informó que el domicilio de Torres es en la Comuna 11, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su declaración jurada de 2017, no aparece su domicilio, no obstante entre las propiedades que declara, en el documento difundido por ACIJ y el diario La Nación, figuran tres inmuebles, todos en Capital Federal.
Antes de que Torres prestara juramento, el ex juez y precandidato a intendente de La Plata, Luis Arias, denunció penalmente a Torres y a Vidal por haber falseado información relativa a su domicilio. De acuerdo con la presentación de Arias, “Torres habría presentado una ‘información sumaria’ ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 16 de San Isidro, el 18 de marzo de 2019, oportunidad en la que compareció manifestando que tiene ‘residencia habitual desde hace más de dos años en forma inmediata en el domicilio sito en la calle Coronel Morales 1470, partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires‘, algo que corroboraron dos testigos, aunque a esa fecha, el edificio en cuestión, donde Torres habría afincado su domicilio estaba en construcción”.
Una de las hipótesis sobre el silencio del kirchnerismo ante la irregularidad del domicilio es no quisieron agitar el debate por la residencia del candidato Kicillof.
En su presentación, Arias explicó que el domicilio real de Torres “es en la calle P. Morán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires’, de acuerdo a lo que consta ‘en el Registro Electoral (ficha completa del elector), en donde se indica que este domicilio rige al menos desde el 25-9-2008, esto es, "desde hace más de diez años’”. Según el sistema de satélite de Google Street View, la última imagen que consta de Coronel Morales 1470 en Tigre es la de un edificio en construcción en julio de 2017.
Ante la escasez de certezas, el abogado Julián Portela, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de La Plata, expresó: “La residencia inmediata de dos años constituye un recaudo constitucional genérico para todo el Poder Judicial, en tanto la Constitución Provincial no excepciona en su artículo 181 a ningún magistrado ni personal de ese poder de ese requisito”.
El hecho de que la Constitución Provincial imponga “dos años de residencia inmediata” para ingresar al Poder Judicial, establece una clara diferencia en lo que se refiere a los dirigentes políticos, ya que, según explicó el constitucionalista Felix Lonigro, “un sujeto que ha nacido en una determinada provincia, por ese solo hecho, puede ser candidato a diputado o a senador por la misma. Pero si ese individuo reside en otra provincia, también puede ser candidato por esta última en la medida en que acredite dos años de residencia en ella”.
El caso Kicillof
Cuando llegó el pliego de Torres al Senado, fue tratado de inmediato por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Oficialmente, se informó que fue aprobado por unanimidad por los 14 miembros de la Comisión, “que representan a todos los espacios con representación parlamentaria del Cuerpo”.
Contactada para esta nota sobre el domicilio en cuestión, la senadora de Unidad Ciudadana Teresa García, quien participó de la audiencia, señaló: “Esa observación está diluida. (Ese requisito) Estaba acreditado en el expediente”. En efecto, el pliego de Torres fue aprobado por unanimidad el 11 de abril por el Senado bonaerense. Cuando estaba todo dado para que jure, primero se aplazó porque aún no había renunciado al juzgado que comandaba en Comodoro Py. No obstante, luego, se expidió sobre el tema el pleno de la Suprema Corte.
Otra de las hipótesis de la poca resistencia de la oposición es que Torres siempre fue bien visto por el kirchnerismo.
La voces disonantes fueron las del presidente Eduardo de Lázzari y la de Eduardo Pettigiani. Pero quien se atrevió a poner en palabras la escasa solidez de la documentación aportada por Torres, permitiendo una lectura entre líneas, fue De Lázzari:
-“No se advierte la necesidad de disponer a ciegas la toma de juramento sin la previa verificación que he propuesto que se evidencia como absolutamente razonable. Y cuando la razonabilidad se pierde el acto se convierte en arbitrario. (…) No estoy dispuesto a mirar hacia el costado, hacer oídos sordos e ignorar circunstancias graves”, escribió en su voto.
El 24 de abril, mediante el decreto 269, la gobernadora bonaerense oficializó su designación, remarcando que “el proceso llevado a cabo para la propuesta del Dr. Sergio Gabriel Torres como juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha permitido verificar el pleno y cabal cumplimiento de todos los requisitos constitucionales que debe reunir el candidato a cubrir dicha vacante”. Finalmente, Torres juró el 30 de mayo. Si la irregularidad era evidente para todos los actores, ¿por qué la oposición calló?
JM/MC
