Esta semana, las autoridades de la Iglesia Católica aceptaron públicamente que están dispuestas a negociar con el Gobierno una reducción gradual de las asignaciones que reciben los obispos y sacerdotes de parte del Estado Nacional. Son unos $ 130 millones que destina el Tesoro para pagar esos salarios. Sin embargo, fuera de la discusión están quedando otros aportes a la Iglesia que multiplican esa cifra de manera millonaria: subsidios para escuelas confesionales, fondos de Desarrollo Social, obra pública en parroquias, exenciones impositivas y transferencias gratuitas de inmuebles en terrenos fiscales.
La separación entre Iglesia y Estado es un reclamo que volvió a aflorar durante el debate por la legalización del aborto, por la fuerte presión que se vio para frenar la sanción en el Senado. En la calle, y en redes sociales, ese movimiento está representado por los pañuelos naranjas. El meollo de la discusión, sin embargo, se remite a la Constitución Nacional, que en su artículo 2 establece que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”. ¿De qué manera lo sostiene?
Desde la Secretaría de Culto aclaran que desde su ámbito el único aporte es el de los $ 130 millones que son destinados a 140 obispos, 640 sacerdotes y 1.200 seminaristas. “Es un mandato constitucional”, aclaran. Y descargan en otros organismos o jurisdicciones los otros aportes que pueda recibir la Iglesia, ya sea de manera directa o a través de fundaciones vinculadas. Algunos fondos son fácilmente cuantificables, como las diez obras en iglesias o parroquias presupuestadas en unos $ 500 millones (siete ya están terminadas y tres en ejecución). En los dos años que lleva el macrismo se invirtieron $ 120 millones, que desde el Ministerio del Interior señalan que se trata de apenas el 0,15% de los gastos de capital de esa cartera.
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Otras cosas, en cambio, pasan más desapercibidas. El artículo 43 del Código Fiscal enumera las entidades que están exentas de pagar impuestos nacionales y ahí se incluye, en el inciso 3, a “las entidades religiosas debidamente registradas en el organismo nacional competente”. Ese listado lo elabora la Secretaría de Culto, y obviamente la Iglesia Católica está incluida. Las discusiones aparecen cuando se analizan los alcances de esas excepciones. La Iglesia tiene actividades comerciales que exceden su tarea religiosa, y sin embargo tampoco tributan. En Rodríguez Peña y Córboda, en pleno centro porteño, por ejemplo, el Arzobispado tiene una playa de estacionamiento que no paga IVA, Ingresos Brutos ni Ganancias. Pero la estadía sale $ 220, como el promedio de los estacionamientos de la zona. Esta situación se replica en otras actividades, como clínicas, estaciones de servicio o incluso la explotación del estadio Luna Park.
Beneficios. Las exenciones impositivas se replican no solo a nivel nacional, sino también en lo distrital. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el Arzobispado tiene 360 propiedades exentas del pago del ABL, según la información que difundió el legislador porteño Gabriel Solano (FIT) al presentar un proyecto de separación de la Iglesia del Estado de la Ciudad. A nivel nacional, diputados de la izquierda y del radicalismo también presentaron proyectos en ese sentido.
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Otro aspecto en el que se vio beneficiada la Iglesia es en la transferencia gratuita de terrenos fiscales. En 2015, una ley de la Legislatura le cedió al Arzobispado 17 inmuebles, cuyo valor se estimaba en ese momento en US$ 5,2 millones.
Similar situación se dio a nivel nacional. En un informe al Congreso, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, detalló que desde diciembre de 2005, el Gobierno le otorgó a la Iglesia cinco permisos precarios de inmuebles (en la Ciudad, La Matanza, Misiones, Córdoba y Tucumán). Desde la Secretaría de Culto explicaron que son terrenos donde la Iglesia ya estaba establecida pero la situación catastral nunca estuvo regularizada.
Otro beneficio difícil de mensurar es el que reciben las escuelas confesionales. Según datos del Ministerio de Educación, hay unos 4 mil institutos de ese tipo en todo el país. La mayor parte administrados por la Iglesia Católica. Sin embargo, los subsidios son otorgados por cada una de las provincias.
Desde la cartera de Desarrollo Social también salen fondos para asociaciones civiles vinculadas a la Iglesia, como Cáritas, que llevan adelante planes sociales en sus zonas de influencia.
Luz gratis en la Catedral
El 4 de julio de 1978, en plena dictadura militar, el intendente Osvalo Cacciatore firmó una ordenanza por la cual le concedió a la Catedral Metropolitana un subsidio para “cubrir los gastos que se originen por consumo de energía eléctrica”. Lo justificó en el “carácter histórico” del edificio, sumando el hecho de que allí descansan los restos de José de San Martín. Ese beneficio, en plena época donde el aumento de tarifas genera aumentos cada vez más difíciles de afrontar por la clase media, sigue vigente.
En el ámbito porteño, muchas instituciones religiosas también están exentas del pago del ABL. La sede central del Arzobispado debería pagar $ 98 mil por mes, pero quedó exenta en 1988. Ese año también recibió el beneficio la Asociación de la iglesia evangélica metodista.
Un caso más controvertido es el de la Fundación Universidad Católica Argentina (una de las casas de estudio más caras), que está exenta desde 2003. Debería pagar $ 702 mil por mes.
