En medio de una fuerte campaña por un cambio en la relación económica entre la Iglesia Católica y el Estado -intensificada tras el fallido trámite parlamentario sobre la Legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo- autoridades gubernamentales y eclesiásticas confirmaron, por primera vez, que estudian en conjunto modificar el régimen de sostenimiento vigente, que comprende los aportes oficiales para los salarios -que técnicamente se conocen como asignaciones- de la jerarquía eclesiástica argentina.
“La Secretaría de Culto y la Jefatura de Gabinete están analizando junto a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) alternativas al actual sistema de sostenimiento”, dijo a PERFIL el secretario de Culto, Alfredo Abriani. Según detalló el funcionario, se realizaron varias reuniones con este objetivo y se estableció un diálogo entre “equipos técnicos” del Gobierno y la Iglesia.
Estos equipos están compuestos por abogados, contadores y otros especialistas que estudian diversas opciones, sin que se haya avanzado aún en un proyecto de reforma o un borrador del mismo, explicaron fuentes eclesiásticas y oficiales. Abriani aclaró que las discusiones en curso se refieren al “único aspecto que responde al Artículo 2 de la Constitución, que habla del sostenimiento del culto católico”. Así, marcó una diferencia con otras transferencias que comprenden acciones educativas, sociales y ayuda para el mantenimiento de infraestructura histórica de la Iglesia Católica.
Desde la CEA, el presbítero Máximo Jurcinovic, vocero de su presidente, Oscar Ojea, también confirmó el diálogo abierto entre la Iglesia y el Gobierno. “Se han conformado equipos técnicos y se inició un diálogo con el Gobierno para discutir alternativas al sistema de sostenimiento vigente”, explicó. Además, aclaró, en coincidencia con las autoridades del Ejecutivo, que aún no se ha avanzado sobre ninguna propuesta de reforma y tan sólo se ha iniciado el estudio conjunto del tema.
El presupuesto prevé 130.421.300 pesos para el pago de salarios de obispos y otros cargos eclesiásticos.
Esta cuestión había sido objeto de una consulta parlamentaria por parte de la diputada radical Carla Carrizo, quien pidió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, información sobre las “remuneraciones de funcionarios eclesiásticos”, el 13 de marzo pasado. El ministro coordinador informó entonces que el presupuesto prevé 130.421.300 pesos para el sostenimiento, es decir para el pago de salarios de obispos y otros cargos eclesiásticos.
Esta información motivó diversas reacciones, muchas de ellas de rechazo, en un contexto de fuerte ajuste económico y polémica por la posición de la Iglesia en el debate sobre el aborto. En abril, un comunicado de la CEA, posterior a la Asamblea Plenaria de obispos de todo el país, indicó que hubo “conversaciones del tema económico, de las asignaciones de los obispos” y se debatieron “algunas alternativas para seguir conversando y para proponerlas también”. Sin embargo, hasta hoy no existía una confirmación -ni en on ni en off the record- sobre el espacio de diálogo abierto con el Gobierno.
El decreto-ley 21.950, firmado por Jorge Rafael Videla y José Martínez de Hoz en 1979, prevé “una asignación mensual equivalente a un porcentaje de la percibida por el Juez Nacional de Primera Instancia” y define este guarismo en el 80% para obispos diocesanos y del 70% para “auxiliares y el Secretario General del Episcopado”. En base a este cálculo, los obispos diocesanos reciben un ingreso de $46.800 mensuales y los auxiliares y obispos eméritos de $40.950. Complementan esta norma cuatro leyes que también fueron aprobadas durante la dictadura. En caso de avanzar con una reforma, se requerirá la intervención del Congreso para proceder a las modificaciones que se requieran en estas y otras leyes.
Los obispos diocesanos reciben un ingreso de $46.800 mensuales y los auxiliares y obispos eméritos de $40.950.
Sin cambios en otros aportes
Más allá de los reclamos y proyectos legislativos presentados desde diversas bancadas, no está en carpeta ningún cambio en el resto de los rubros que integran las transferencias a la Iglesia desde los ministerios de Desarrollo Social, Interior y Educación. Tras la pregunta de Carrizo, los diputados del Frente de Izquierda habían realizado una consulta adicional al jefe de Gabinete en la última sesión de consulta. Le pidieron que detalle otros aportes realizados “desde el Estado Nacional a dicha institución”.
Peña aclaró entonces que “no existen otros aportes por encima de los 130 millones previstos para el sostenimiento de culto”. Pero explicó que “hay numerosas acciones sociales y asistenciales que se realizan conjuntamente entre organismos públicos y ONGs o entidades de culto, no solo católico”. Mencionó como ejemplo “comedores escolares, prevención y asistencia en adicciones, asistencia a la primera infancia y la tercera edad”. También indicó que en estos casos “no existe un presupuesto previo asignado específicamente para cubrir esas acciones, sino que se van realizando en base a necesidades específicas y problemas planteados”.
