Tras la media sanción en Diputados al proyecto para despenalizar y legalizar el aborto, diputados del radicalismo buscan mediante dos iniciativas diferentes ir contra los salarios de los obispos. Uno de los proyectos busca que lo que perciban sea igual a lo que gana un docente universitario, y el otro propone que el Estado deje de hacerse cargo de esos sueldos, para lo que sería necesaria la derogación de cinco decretos de la dictadura.
Esta última iniciativa fue planteada por el diputado radical Alejandro Echegaray, quien alegó que “el Estado no debe pagar sueldos para que los obispos hagan caridad sin rendir cuentas”. “Si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal ‘sostiene el culto católico apostólico romano’, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”, afirmó Echegaray a La Voz.
En la misma línea, el legislador argumentó que el aporte económico del Estado argentino a la Iglesia Católica ya se implementa de diversas formas: como exenciones impositivas, subsidios a establecimientos educativos, mantenimiento de templos, así como también a través de cesiones de inmuebles fiscales para fines determinados, a lo que se suman los sueldos de los obispos.
El diputado radical sostuvo que las remuneraciones, jubilaciones y pensiones a funcionarios eclesiásticos se dispusieron a raíz de cinco decretos de la última dictadura militar, cuatro firmados por Jorge Rafael Videla y uno por Reynaldo Bignone.
El primero es el decreto ley 21.540, que establece una asignación mensual vitalicia equivalente al 70% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos que cesen en dichos cargos por razones de edad o invalidez, y otra equivalente al 60% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
El segundo es el decreto ley 21.950, que establece una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada al cargo de juez nacional de primera instancia a favor de los arzobispos y obispos hasta que cesen en dichos cargos, y otra equivalente al 70% de la remuneración citada para los obispos auxiliares.
El tercero es el decreto ley 22.162, que faculta al Poder Ejecutivo Nacional a otorgar una asignación mensual a curas párrocos o vicarios ecónomos de parroquias situadas en zonas de frontera, equivalente a la categoría 16 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.
El decreto ley 22.430 establece una asignación mensual vitalicia a favor de los sacerdotes seculares que hayan cumplido 65 años o se encuentren incapacitados, equivalente al haber mínimo de jubilación del régimen nacional de jubilaciones y pensiones para trabajadores en relación de dependencia.
Por último, el decreto ley 22.950 establece una contribución mensual a la formación del clero diocesano, por cada alumno del seminario mayor, equivalente a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración pública nacional.
A principios de este año y a raíz de una pregunta del bloque Evolución -liderado por Martín Lousteau- , Marcos Peña detalló en el primer informe de gestión del año 2018, que el monto asignado al sostenimiento del culto católico en nuestro país asciende a $130.421.300. El jefe de Gabinete sostuvo que el importe mensual que perciben oscila entre los $40.950 y los $46.800.
Al respecto, la propuesta de Carrizo apunta a que los funcionarios de la Iglesia perciban una remuneración similar a la de un docente universitario titular, con dedicación exclusiva. En tanto, las dos iniciativas fueron giradas a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto, que presiden los macristas Luciano Laspina y Cornelia Schmidt-Liermann, y podrían debatirse desde agosto en el recinto.
