La Corte Suprema, en un fallo dividido, rechazó la reforma judicial. Tras una maratón de reuniones y debates que ocupó toda la agenda de los siete magistrados en esta última semana, la mayoría del Tribunal decidió declarar la inconstitucionalidad de la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, Sólo uno manifestó su disidencia: Eugenio Zaffaroni. El juez más cercano al Gobierno respaldó el dictamen favorable a las modificaciones de la procuradora Alejandra Gils Carbó y señaló: "El caso exige un extremo esfuerzo de prudencia para separar con meticuloso cuidado la opinión o convicción personal acerca de la composición y elección del Consejo de la Magistratura".
Y continuó: "Interpretar la representación en el puro sentido del contrato de mandato del derecho privado es una tentativa de salvar lo que el texto no ha salvado. El argumento contrario corre con la ventaja de que la representación estamentaria en la Constitución Nacional es una excepción, en tanto que la regla republicana es la representación popular. Abunda a este respecto el dictamen de la señora Procuradora General y, por cierto, cualquiera sea la opinión personal acerca de la elección de los consejeros, cabe reconocer que el argumento es jurídicamente fuerte".
Zaffaroni reconoció que "es perfectamente posible que la elección por listas y por partidos políticos genere dificultades, pero también las ha generado la elección estamentaria, cuyas consecuencias están a la vista.
Entre los argumentos de su voto, Zaffaroni consideró que la reforma de la Magistratura puede ser "un error político", pero insistió en que no es inconstitucional. "No se le puede negar al legislador el espacio para ensayar una estructura diferente ante una crisis, apelando para ello a una interpretación limitadora procedente del derecho privado. Es factible incluso que se trate de un nuevo error político, pero no todo error político es una inconstitucionalidad manifiesta", argumentó el ministro de la Corte que más distancia posee con Ricardo Lorenzetti.
Por último sugirió que así como hay "presiones" desde los partidos políticos, también las hay en el Poder Judicial. "En cuanto a la independencia de los consejeros y su reflejo sobre la independencia judicial, devenida de la necesidad de que los candidatos sean postulados por los partidos políticos, cabe observar que el concepto de independencia es doble: la hay externa, pero también interna, dependiendo la última de que el poder disciplinario, en materia de responsabilidad política y de presión interna del Poder Judicial, no sea ejercido por los órganos de mayor instancia, que es la esencia del concepto de corporación o verticalización".