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POLITICA / Legislatura Bonaerense
miércoles 19 junio, 2019

Piden derogar una ley que exige referirse a los "30 mil desaparecidos" de la dictadura

La ley bonaerense había sido sancionada en 2017. Guillermo Castello, diputado de Cambiemos y profesor de Historia, dio a PERFIL los argumentos de su proyecto.

por Julian D'Imperio

El diputado bonaerense de Cambiemos, Guillermo Castello. Foto: Cedoc
miércoles 19 junio, 2019

El diputado bonaerense de Cambiemos, Guillermo Castello, presentó hace unos días un proyecto para derogar una ley que exige a los funcionarios públicos referirse a "Dictadura Cívico Militar" al último gobierno de facto y "30 mil desaparecidos" al referirse a las víctimas dicho proceso iniciado el 24 de marzo de 1976. Para el funcionario, se trata de una "violación a la libertad de pensamiento y expresión". 

Así lo manifestó el legislador el diálogo con PERFIL: "Congela la historia, viola la libertad de expresión, genera discusiones entre los argentinos e impone una verdad totalitaria". Dicha ley bonaerense N° 14.910 fue sancionada en marzo de 2017, días antes de la conmemoración del 24, con 91 diputados a favor y sólo uno en contra: el de Guillermo Castello. La ley establece que "Incorpórase de manera permanente en las publicaciones, ediciones gráficas y/o audiovisuales y en los actos públicos de gobierno, de los tres poderes de la provincia de Buenos Aires, el término Dictadura Cívico-Militar, y el número de 30.000 junto a la expresión Desaparecidos, cada vez que se haga referencia al accionar genocida en nuestro país, durante el 24 de marzo de 1976 al 9 de diciembre de 1983".

"Cuestiono la cifra, me parece que eso no responde a la verdad ni siquiera a los datos que tiene el gobierno actual ni los que tenía el propio kirchnerismo que sancionó esta ley. Más allá de eso, está mal congelar un numero por más que sea simbólico: si un historiador recibe un subsidio y quiere estudiar la historia argentina y tiene que callarse en ese caso, o no puede investigar. Congela la historia. Es algo muy grave y los diputados no lo advirtieron cuando la aprobaron. Con el tiempo, aparecieron algunas cuestiones que surgieron para cuestionar la ley, esta imposibilidad de discutir la historia que la mayoría de la gente no está de acuerdo", sostuvo el diputado.

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Ahora, el funcionario de la legislatura entiende que la "renovación de la mitad" del parlamento bonaerense y un dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que cuestiona la ley haga cambiar la postura para derogarla. "Es grave lo que pasó en la Argentina en los 70', hay que ir a la verdad real, es una falta de respeto a nuestra historia. No podemos tener este tema como un tabú, hay que investigarlo. Yo aparte doy clases de Historia Argentina en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata", argumentó. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH elevó al gobierno argentino un pedido de información en el que advirtió que el texto "además de restringir el derecho a la libertad de expresión de los funcionarios abarcados en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, también podría tener un efecto inhibitorio más generalizado y afectar el derecho de la sociedad en su conjunto a recibir información y procesarla en un debate público robusto".

"Sin desconocer la importancia de los fines invocados por la ley, la Relatoría estima que imponer a los funcionarios públicos y organismos estatales la obligación legal de sostener una serie de extremos sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas, excede el objetivo que persigue la ley y no parece constituir un medio adecuado e idóneo para alcanzar la finalidad perseguida", escribió la CIDH.

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"La norma dispone que los tres poderes del Estado incorporen en todas sus publicaciones y actos públicos leyendas que implican una postura intransigente y excluyente sobre un proceso histórico que todavía hoy es objeto de múltiples e intensas investigaciones y de arduos debates que configuran una situación muy lejana de cualquier atisbo de consenso", detalló el legislador en el proyecto.

La propuesta refiere a que "sí existe consenso sobre la ausencia de evidencia empírica que permita sostener que las personas desaparecidas fueron 30.000, sin perjuicio de lo que pueda surgir de investigaciones o descubrimientos futuros".

"La imposición legislativa de una postura oficial absoluta promueve la formación de un discurso único, atenta contra la libertad de pensamiento y expresión y clausura toda investigación futura que pudiera arrojar resultados que no concuerden con el enunciado estatal", consideró Castello.

El pedido completo: 

J.D. / D.S.


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