Este jueves, el fiscal federal Gerardo Pollicita pidió identificar los activos del ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, para concretar el embargo de sus bienes en condición de procesado, en el marco de la causa que investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por la evasión de 8.000 millones de pesos.
En la misma línea, demandó que se levante el secreto fiscal sobre los bienes de López y De Sousa, para que eso permita el avance en la investigación que tiene en la mira a la petrolera Oil, del Grupo Indalo.
"Resulta necesario avanzar en la investigación para identificar bienes y demás activos que registre el ex Administrador Federal Ricardo Echegaray, a efectos de hacer efectivo el embargo dictado" pidió el fiscal en el escrito, en relación a la causa a cargo del juez federal Julián Ercolini, según consignó Télam.
A su vez, Gerardo Pollicita recordó que ambos empresarios fueron excarcelados por la sala I de la Cámara Federal porteña, que confirmó sus procesamientos pero sin prisión preventiva y redujo el embargo en su contra a 8.945.000.000 para cada uno de los acusados, decisión que incluye también a Echegaray.
En el documento presentado al juez, Pollicita advirtió sobre "una posible dilapidación" de bienes que "conspire contra el eventual decomiso de los bienes producto del delito". El fiscal replanteó a su vez que se levante el secreto fiscal, bancario y bursátil sobre López y De Sousa y las empresas vinculadas al Grupo Indalo, en la mira por maniobras ilícitas.
La causa. La Justicia Federal porteña determinó el pasado viernes la liberación del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, ambos estaban detenidos desde diciembre pasado, en el marco de una causa por una evasión de 8.000 millones de pesos, a raíz del desvío de millones de pesos del impuesto a la transferencia de los combustibles recaudados en calidad de agente de retención de Oil Combustibles.
La decisión de liberar a los empresarios, dueños del Grupo Indalo, fue tomada por la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, en la que el juez Leopoldo Bruglia se expresó en contra, pero sus pares del tribunal Eduardo Farah y Jorge Ballesteros definieron la excarcelación, largumentando que no hubo “ninguna acción” para obstruir la actuación de la Justicia y por lo tanto no correspondía que estuvieran en prisión.
