La vida de Ibar Esteban Pérez Corradi sigue dando giros. Liberado la semana pasada por orden de la jueza Federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado luego que Estados Unidos levantara su pedido de extradición, ahora pide más protección y la oportunidad para trabajar. Carlos Broitman, uno de sus abogados señaló a PERFIL que elevaron un pedido al tribunal por mayor protección para el condenado. Según el defensor, “lo quieren sacar” del Programa de Protección a Testigos e Imputados.
Broitman contó que tras la liberación del confeso narcotraficante, el jueves pasado hubo una audiencia virtual ante los jueces María Gabriela López Iñíguez, Sabrina Namer y Nicolás Toselli, del Tribunal Oral Federal 8. “El Programa de Protección a testigos no lo quiere a Pérez Corradi porque dicen que no se ataba a la norma. Él ya está en el programa pero ahora dicen que entró bajo otra administración”, sostuvo el abogado.
Pérez Corradi, de 44 años, fue liberado la semana pasada luego que la justicia norteamericana desistiera de su pedido de extradición mientras cumplía los 7 años de prisión en el penal de Marcos Paz. Allí estaba detenido por comercialización de sustancias para la elaboración de estupefacientes, pena que ahora cumplirá bajo el régimen de libertad condicional. La Justicia norteamericana había reclamado la extradición del condenado en el marco de una causa en la que Pérez Corradi estaba involucrado como supuesto partícipe en maniobras para traficar oxicodona.
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El abogado del condenado en diversas causas por comercialización de efedrina y lavado de activos, expresó que desde su liberación hay malestar por la supuesta falta de protección para su defendido. También dijo que buscan que Pérez Corradi pueda tener posiblidades de retomar el vínculo con sus hijos y hasta trabajar.
“Está bajo el Programa no puede estar sin ir al gimnasio ni tener acceso a la posibilidad de un trabajo. Tampoco puede negársele la posibilidad de ver a sus hijos”, consideró Broitman. “No queremos que quede aislado del mundo y que hasta el contacto con nosotros, sus abogados, sea prácticamente nulo”, añadió.
Este diario supo que si bien desde el Programa señalan que Pérez Corradi forma parte de manera provisional, “esa provisionalidad duró 5 años, con lo cual no existen dudas de que era parte”. En esa línea, hubo una sugerencia al TOF para que "el Programa de Protección a Testigos e Imputados establezca cuáles van a ser las nuevas reglas del cuidado y protección de su seguridad”.
A su vez, señalaron que hay claras diferencias entre estar detenido y no estarlo. De ese modo, justificaron la necesidad de que se establezcan nuevas medidas de protección a las cuales Pérez Corradi “debe estar invitado y sujetarse a esas reglas”.
Cómo sigue la situación judicial de Pérez Corradi
Luego de que en Estados Unidos dejen atrás el pedido de extradición y con los dos tercios de su condena cumplidos, Pérez Corradi fue trasladado desde el Penal de Marcos Paz a una vivienda dentro del Programa de Protección a Testigos e Imputados.
En lo inmediato, la defensa ahora espera que las juezas y el juez del TOF 8 de Capital Federal se expidan a propósito del planteo realizado la semana pasada por mayor protección para Pérez Corradi mientras atraviesa su nueva situación legal en cumplimiento de la pena. De acuerdo a lo que estiman sus defensores, eso ocurrirá en un plazo no mayor a dos semanas.
Según Broitman, la expectativa es que la resolución de ese Tribunal sea favorable al pedido que elevaron. Sin embargo, la posibilidad de que esa respuesta no sea la que esperan está contemplada por la defensa y por el propio Pérez Corradi, por eso el abogado anticipó que si eso llega a ocurrir van a elevar una presentación ante la Cámara de Casación.
El narcotraficante ya cumplió parte de la condena impuesta en 2018 por el TOF 8, expediente en el que el empresario confesó, como imputado colaborador, haber sido partícipe del tráfico de 13 mil kilos de efedrina para narcotraficantes mexicanos. A su vez, la Justicia le dio por cumplidas en junio de este año dos condenas: una a dos años y cuatro meses de prisión por el supuesto tráfico de 50 kilos de efedrina por internet y otra a dos años y cinco meses por supuesto lavado de activos.
El nombre de Pérez Corradi comenzó a visibilizarse masivamente cuando se convirtió en uno de los principales sospechosos de la masacre conocida como el Triple Crimen de General Rodríguez, donde aparecieron asesinados los empresarios farmacéuticos Sebastían Forza, Leopoldo Bina y Damián Ferrón.
En 2012, el juez Federal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, lo señaló como autor intelectual del crimen y ordenó su detención. Pero en abril de este año, la jueza María Servini le dictó la falta de mérito y ordenó que se investiguen los “lazos de poder” detrás del crimen.
