Luego de la decisión del juez federal Luis Rodríguez de excarcelar el miércoles a los dos detenidos acusados de efectuar durante casi un año 51 llamados anónimos al Espacio de la Memoria, la fiscalía solicitó ayer al magistrado el procesamiento de los acusados y no tiene dudas de que “hay más personas” detrás de los llamados intimidantes.
En diálogo con PERFIL, fuentes vinculadas a la Fiscalía Nº 5, a cargo de Franco Picardi, aseguraron que tienen suficiente información para avanzar sobre los imputados. “Contamos con las pruebas necesarias para que el juez actúe al respecto”, aseguró una persona de estrecha cercanía a la investigación. Los dos detenidos habían sido apresados tras una serie de allanamientos ordenados por el magistrado. En uno de los domicilios se capturaron 19 celulares, 15 chips, dos computadoras y dos discos duros.
A partir del entrecruzamiento de datos, se determinó que desde los teléfonos incautados se efectuaron al menos las últimas 16 amenazas de bomba. El fiscal Picardi le solicitó ayer al juez Rodríguez que calcule en el expediente el monto de cada operativo de evacuación. Es decir, todos los costos que se desprendieron a partir de la aplicación del desalojo del predio y el accionar de la Brigada Antiexplosivos: movilización de bomberos, ambulancias y despliegue de perros, entre otras acciones. El objetivo apunta a que todo ese gasto genere un “embargo millonario”.
Desde el Ministerio de Seguridad se manejan con hermetismo. Confían en que la causa avance y se rompa el muro invisible que parece ocultarse detrás de los imputados, que la próxima semana podrían ser procesados por el delito de intimidación pública.