Los jueces federales debaten una propuesta para exigir a la clase política una reforma del sistema judicial y devuelven la pelota que vienen recibiendo cada vez que el estado de las causas de corrupción los pone en la mira de la opinión pública. Esta semana, almorzaron dos veces: martes y viernes. El debate se viene planteando hace alrededor de un año y medio, pero en los últimos meses varios acontecimientos reforzaron la necesidad de tomar cartas en el asunto.
La marcha de los últimos días a los tribunales federales en reclamo de celeridad en las investigaciones judiciales, el caso Odebrecht y la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner le pusieron más pimienta al ya público enfrentamiento entre el Ejecutivo y la Justicia. El eje es simple: ¿quiénes son los responsables de que las causa de corrupción no hayan avanzado en los últimos años? Los tres poderes se echan culpas pero las reformas que podrían cambiar en escenario no avanzan.
Algunos jueces admiten culpas pero alinearon posiciones para apuntar al sistema. Un sistema que fue diseñado por la clase política: los poderes Ejecutivo y Legislativo. Los magistrados aseguran que quieren una reforma que les permita simplificar y acortar el desarrollo de las causas más complejas: corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. Y afirman que es a ellos a quiénes los políticos deben escuchar antes de establecer las reglas del Poder Judicial. Claro que otros fiscales, abogados y hasta el ministro de Justicia, Germán Garavano, asocian las “fallas” al denominado “manejo políticos de los tiempos judiciales”. Pero los jueces llegaron a un consenso: creen que llegó la hora de cambiar el Código Procesal, que les impone las normas de su trabajo. Lo consideran “obsoleto” e “ineficaz”. La reforma del código ya se trató en el Congreso pero está frenada.
Los jueces debaten la posibilidad de anular una instancia clave en la instrucción de los expedientes: los procesamientos. Son los textos en los que los jueces establecen la responsabilidad de los imputados en los hechos investigados y enumeran las pruebas en su contra. “Esa instancia puede ser suplantada por la elevación a juicio”, plantearon. “El código actual entorpece y nos hace imposible obtener resultados al corto y mediano plazo”, agregaron. “El sistema fue diseñado por quienes deben ser investigados: los políticos. Por eso no funciona”, dice un fiscal al tanto de las conversaciones de los jueces.
Desde la recién conformada Asociación de Jueces Federales comenzaron a tender puentes con las organizaciones de jueces federales de los Estados Unidos y de Brasil. Los elegidos no son casuales. La asociación estadounidense tiene fama por su capacidad de lobby en el diseño de políticas judiciales. Desde Brasil, su colega Sergio Moro muestra al mundo el avance exitoso de una megainvestigación sobre lavado y corrupción que arrasa con la clase política: el Lava Jato y el caso Odebrecht. Mientras tanto, en la Argentina, casi ninguno de ellos puede lucir los resultados finales de sus investigaciones por corrupción, especialmente de políticos en ejercicio del poder.
De ambos modelos, el de Estados Unidos y el de Brasil, tomaron las herramientas que, sostienen, los ayudarían a agilizar los tiempos judiciales: que la etapa de investigación sea secreta -sin acceso para los abogados defensores- y una policía judicial.
