“Hay que mirar a Contencioso”. Casi como un mantra, la advertencia se repite en el mundillo político-judicial desde el 19 de noviembre. Aquel día, cuando Javier Milei ganó el balotaje y se convirtió en presidente electo, una de las certezas que aparecieron es que sus ideas de una profunda reforma del Estado tenían altas chances de aplicarse gracias a la voluntad política y la legitimidad electoral. De ahí que tanto quienes integran el gobierno entrante como quienes siguen de cerca la actividad judicial pronostican una crecida de las presentaciones contra el Estado. Y, justamente, el Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal será el depositario de los cuestionamientos a las decisiones administrativas que se tomen desde el 10 de diciembre.
En un escenario político-judicial donde el fuero criminal y correccional con base en Comodoro Py se lleva toda la atención por las causas contra los principales dirigentes políticos, Contencioso Administrativo asoma como un viejo conocido. En parte, por el rol que tuvieron sus jueces durante los años 90, al poner el ojo sobre las privatizaciones y reformas y hasta impedirle al entonces presidente Carlos Menem ejecutar un decreto de 1998 que planteaba la demolición del edificio de la ex Esma.
Más cerca en el tiempo, por fallos como la suspensión de febrero del 2015 a la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la ley de medios, dispuesta durante el gobierno de Cristina Kirchner por el titular del Juzgado en lo Contencioso N°9, Pablo Cayssials –uno de los funcionarios judiciales que viajaron a Lago Escondido con un directivo de ese grupo, dirigentes políticos y exagentes de inteligencia–.
También por la anulación del juez Martín Cormick del decreto del expresidente Mauricio Macri que habilitó a familiares de funcionarios a blanquear capitales en 2016, o el reciente fallo de la jueza María Cecilia Gilardi Madariaga, que anuló el decreto de necesidad y urgencia de 2020 en el que el presidente Alberto Fernández declaró como servicio público a las telecomunicaciones.
A ese tipo de cuestiones gubernamentales se aboca el trabajo de Contencioso Administrativo, cuya Cámara de Apelaciones está presidida por un juez histórico como Jorge Morán y se organiza en cinco salas de tres jueces y juezas, mientras que la primera instancia está conformada por doce juzgados. En la actualidad hay una vacante en cada instancia.
