El empresario Sergio Taselli y el secretario de Energía Daniel Cameron volverán a ser investigados en la causa por la privatización de una mina de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YFC). Si bien ambos habían sido sobreseídos, el expediente se reactivó para que ambos sean investigados en mayor profundidad porque "aún existe sospecha" en los jueces.
Yacimientos Carboníferos Fiscales Empresa Estatal Nacional (YCF) fue privatizada durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. En 1993, el presidente les otorgó la concesión de la mina santacruceña de Río Turbio a los hermanos Sergio y Alberto Taselli. El contrato garantizaba la explotación de las 580 toneladas de carbón que allí existían durante 10 años, con un subsidio estatal de 16 millones de dólares anuales.
La empresa no estaba en su mejor momento cuando los hermanos Taselli se hicieron cargo de ella, pero cuando la abandonaron once años después, estaba arrasada. De los cinco mil personas empleadas a principios de los '90 sólo quedaban mil. El abandono provocó la muerte de 14 trabajadores durante un accidente de 2004, lo que motivó al entonces presidente Néstor Kirchner a reestatizar el yacimiento.
Por "posibles irregularidades en el transcurso de la concesión", el vaciamiento de Río Turbio fue denunciado en 2003 ante la Cámara Federal Porteña. Sergio Taselli está acusado por el "manejo de los bienes públicos" y Daniel Cameron es investigado por el uso de los subsidios estatales, que llegaron a 165 millones de dólares, en el pago de salarios y la realización de obras.
El juez federal Sergio Torres había dictado el sobreseímiento del empresario y el funcionario en febrero de 2008, alegando que la documentación de la empresa sobre las presuntas irregularidades había desaparecido, por lo que no era posible comprobar las acusaciones. Según el Centro de Infotmaciones Judiciales, el fiscal federal Federico Delgado argumentó que la ausencia de esos papeles aportaba a las sospechas de manejos irregulares.
Los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal revocaron el sobreseímiento y le ordenaron a Torres que llame a los imputados a declarar de nuevo para establecer cualquier "responsabilidad que por su comisión le pudo haber cabido tanto a los responsables de la empresa como a los funcionarios públicos encargados de auditar el cumplimiento del contrato".
Fuente: DyN
