El juez federal Claudio Bonadio fue sancionado hoy por el plenario del Consejo de la Magistratura con un descuento de 30 por ciento de su salario, al fracasar por falta de número un pedido de Jurado de Enjuiciamiento y como consecuencia de "las demoras" en las que habría incurrido el magistrado en dos expedientes relacionados con la privatización de Tandanor y en créditos incobrables a la ex Curtiembre Yoma.
El juez, quien por denuncia de la diputada Margarita Stolbizer está a cargo de una investigación por presuntas irregularidades contables de la empresa Hotesur, propiedad de la presidenta Cristina Fernández, vino siendo blanco de durísimas críticas desde sectores kirchneristas por los avances y la velocidad que le imprimió a su investigación.
Bonadio allanó la oficina declarada como domicilio de la empresa hotelera en esta Ciudad, que encontró vacía, y realizó un pedido a la AFIP de las declaraciones patrimoniales de la Presidenta y sus hijos.
En ese contexto, ayer el titular de la Corte Suprema de Jusitcia, Ricardo Lorenzetti había manifestado que "la independencia es un tema central de la agenda de la Corte y de todo el Poder Judicial y seguirá siéndolo durante todo el tiempo en que estemos". La sanción contra Bonadio fue aprobada por una mayoría estricta de siete votos (contra seis que se inclinaron por la desestimación), conformada por los cinco integrantes del kirchnerismo en el Consejo, más el representante del sector académico y la reciente Presidenta del cuerpo, la jueza Gabriela Vázquez.
El viceministro de Justicia y también representante del Ejecutivo ante el Consejo, Julián Alvarez, había presentado un dictamen proponiendo la suspensión de Bonadio hoy mismo por "mal desempeño" y el envío de sus antecedentes al jury de Enjuiciamiento.
Pero, para ello, eran necesarios los votos de dos tercios de los consejeros presentes, es decir 9 sobre 13 y el oficialismo no llegaba a esa cifra. Entonces, el consejero académico Jorge Candis, introdujo la moción de la sanción económica e inmediatamente Alvarez retiró su propuesta de máxima y adhirió al recorte de 30 por ciento del salario de un mes para el magistrado.
A esa postura se sumaron luego los senadores Ruperto Godoy y Pablo González y los diputados Eduardo "Wado" De Pedro y Héctor Recalde -todos del Frente para la Victoria- y definió con su séptimo voto la jueza Gabriela Vázquez.
Los legisladores radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés y la abogada porteña Adriana Donato se inclinaron por rechazar la sanción argumentando que desde el inicio del proceso contra Bonadio se había excedido el plazo máximo de tres años para adoptar una resolución.
En tanto, el abogado del interior Miguel Piedecasas y los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes directamente desestimaron los argumentos acusatorios contra el juez.
La decisión fue adoptada tras un por momentos áspera discusión, en la que los consejeros oficialistas plantearon la supuesta pertenencia de Bonadio a los "jueces de la servilleta" y sus vinculaciones con la "década infame", en alusión a los nombres de magistrados que según Domingo Cavallo, el ex ministro del Interior, Carlos Corach habría anotado como jueces adeptos al menemismo en los 90.
El viernes pasado, el viceministro Alvarez, uno de los más ásperos críticos del juez federal, llegó a advertir que "Bonadio es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa".