sábado 24 de julio de 2021
POLITICA por clases presenciales
17-04-2021 03:49

Se multiplican los amparos de padres, ONGs y municipios

La Justicia tendrá un rol clave para definir la validez del DNU del Presidente. Podría haber novedades durante el fin de semana.

17-04-2021 03:49

La jornada de ayer, cargada en el plano político, tuvo su correlato en la Justicia, donde hubo un alto número de presentaciones para que no se detenga la presencialidad de las clases en las escuelas, tal como lo decidió el presidente Alberto Fernández, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Lo hicieron desde padres de forma individual hasta otros organizados, asesores tutelares, y las presentaciones se dieron tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, donde también lo hizo el Municipio de Vicente López. La multiplicidad de presentaciones aumenta las posibilidades de éxito de los pedidos y despierta la atención de las próximas horas, en las que no se descarta que algunos de los magistrados involucrados haga lugar a lo solicitado y de ese modo cambie, eventualmente, el panorama actual.

La tensión se da en medio de un contexto sinuoso en el que gran parte de la ciudadanía se opuso, como nunca antes en esta pandemia, a la decisión de Fernández. La misma se conoció en la noche del miércoles cuando, de forma intempestiva, anunció el cese de la presencialidad durante una quincena. Eso motivó el enojo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que en las últimas horas llevó su reclamo a la Corte Suprema de Justicia Nacional (ver aparte).

Uno de los primeros amparos registrados en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires fue el de la Defensoría Oficial y la Asesoría Tutelar de la jurisdicción. Allí pidieron que se declare la suspensión de los efectos del DNU 241/2021, en el que se cancelaron las clases presenciales entre este próximo lunes 19 y el viernes 30 de abril.

La presentación hizo hincapié en dos aspectos claves. Sostuvo que la presencialidad se debe garantizar en las escuelas tanto en este período como en posibles prórrogas del decreto luego del 30, las cuales eventualmente pudieran mantener en el tiempo la medida. En tanto que se resaltó un punto central al sostener: “Se observa indiscutidamente que la organización de la educación es una materia no delegada a la Nación sino que la misma Constitución Nacional advierte específicamente que es de naturaleza local, como lo es la organización de su Poder Ejecutivo y Judicial”.  

Pedidos similares se replicaron en las horas siguientes en la Ciudad, en tanto que en el correr de las siguientes horas la situación se replicó en la provincia de Buenos Aires. El primero en hacerlo en ese territorio fue el Municipio de Vicente López, a cargo de Jorge Macri. La presentación para garantizar la presencialidad en su territorio fue presentada en la justicia de San Martín, que tiene jurisdicción en la zona. Ahí también entró el amparo de una madre contra el Poder Ejecutivo Nacional, por el tema.

A esos pedidos se sumó la declaración, por parte de la Municipalidad de San Isidro, de la educación como “esencial” y la decisión de dos colegios de la capital bonaerense, de “rebelarse” frente al DNU y abrir el lunes. El escenario está abierto y la última palabra, del lado de la justicia. La expectativa es máxima y para la mañana del lunes parecen faltar mucho más que 24 horas.

Vicente López fue
el primer distrito
en reclamar que se
garantice la presencialidad

Aval a la competencia de la Corte por el reclamo de la Ciudad

Las últimas horas imprimieron un ritmo veloz al reclamo del gobierno porteño ante la Corte por la presencialidad de las clases. Primero, el máximo tribunal corrió vista a la Procuración, para que dictaminara si el caso era de su competencia. Y pocas horas después la Procuradora Laura Monti, a quien le delegó firma el Procurador General, Eduardo Casal, convalidó la competencia en el caso.

La velocidad con la que se dieron los movimientos no pasaron desapercibidos. Porque aunque se trata de procedimientos habituales, rara vez se resuelven con tanta celeridad. En el caso, sobre todo, del máximo tribunal, marcaron claramente una primera decisión, ya que podrían haber girado el tema a la Procuración el lunes o decidirlo el martes, que es día de Acuerdo, y se reúnen vía zoom. Sin embargo lo hicieron ayer mismo.

Tras correr vista a la Procuración y ante las consultas, desde la Corte se llamaron a silencio. Al igual que sucedió con el reclamo por la coparticipación -el miércoles 21 tendrá su primera audiencia- en Tribunales volvió a reinar el hermetismo.

Fue allí donde llegó vía virtual en la mañana de ayer el escrito de 68 páginas con el reclamo de la Ciudad, buscando que se garantice la presencialidad. La presentación coincidió con el momento en que ingresaba el fefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a Olivos, para la reunión con Alberto Fernández.

Poco después de ese encuentro, Fernández dio una conferencia de prensa y allí puso en duda la competencia del máximo tribunal.  “La Corte Suprema no es tribunal originario en cuestiones de la Ciudad”, consideró. El punto llamó la atención en la Justicia, donde se sabe que desde 2019 el máximo tribunal cambió su jurisprudencia y considera que la Ciudad tiene status de provincia. El punto es central y parecía aún más fuera de discusión teniendo entre sus miembros a dos ex convencionales constituyentes como Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Y Monti fue precisamente en esa misma dirección.

 

Un fiscal denunció a Macri

El ex presidente Mauricio Macri fue denunciado por un fiscal de Morón, por un posteo en sus redes sociales, en el que pidió a los intendentes de la provincia de Buenos Aires “no apoyar las medidas” del gobierno nacional y mantener las clases presenciales.

La denuncia fue realizada por Javier Ignacio Baños, a cargo de la Unidad Funcional de Juicio y Flagrancia Nro. 1 del Departamento Judicial de Morón, ante la fiscalía general de ese departamento. Baños denunció al ex mandatario por “instigación al delito y desobediencia”

Baños pidió además que se investigue si Macri cometió los delitos de violación de medidas para impedir la propagación de una epidemia, delitos que, junto a los anteriores, prevén penas de entre seis meses y dos años de prisión.

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