Con 33 votos a favor y 24 en contra, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Airesaprobó este jueves las modificaciones del Código Procesal Penal porteño, que pretenden hacer más "ágil, eficaz y rápida" la Justicia en la capital en relación al accionar de los jueces, fiscales y defensores durante la investigación de un delito y un juicio.
La iniciativa, votada en soledad por el bloque de Vamos Juntos, busca la celeridad en las causas y la simplificación de trámites apelatorios. En este marco, prevé la obligación del patrocinio jurídico gratuito a las víctimas para que puedan ser parte del proceso penal, en caso de no tener los medios necesarios. Además, permite las notificaciones por vía electrónica, y establece que los detenidos recuperen su libertad a través del Ministerio Público Fiscal.
La ley cuenta con puntos que generaron controversia. El proyecto comenzó a debatirse en el palacio legislativo de la Ciudad cerca de las 11.30. Horas antes de la sesión, los legisladores analizaban a contra reloj las modificaciones que el oficialismo introdujo tras el fuerte rechazo de organizaciones sociales en relación al artículo 118 bis.
Este fragmento incluía medidas de vigilancia -remota, acústica, por captación de imágenes y geolocalización-, que implicaban una ampliación de las facultades de jueces y fiscales para intervenir comunicaciones y acceder en forma remota a teléfonos, cámaras y otros dispositivos.
Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles, Poder Ciudadano, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) fueron algunos de los que repudiaron el proyecto en las últimas semanas. "Las intromisiones estatales en la privacidad de las personas deben regularse en mira de los delitos más graves y bajo condiciones muy estrictas, en el marco de un proceso judicial que establezca claras y efectivas instancias de control", argumentaron en un comunicado conjunto.
Tras la fuerte repercusión, el artículo fue eliminado del proyecto poco antes del inicio del debate. Sin embargo, hubo otros puntos que a pesar de la polémica no se tocaron y fueron sancionados. Un ejemplo es la reforma del artículo 28 inciso 4 del Código, en el que se agrega la palabra “proponer” para que una persona detenida sea asistida por un defensor público o privado. Esto, según especialistas dificultaría el acceso de un abogado cuando un detenido llega a una comisaría.
Por otro lado, se extendieron los plazos de detención para resolver la prisión o libertad del encausado, que antes estaban dentro de las 24 horas y ahora pasarán a 48. También se incrementaron los tiempos en las investigaciones, que antes eran de 3 meses renovables hasta el máximo de un año. Ahora, una investigación podrá durar hasta dos años.
La ley, además, incorpora en el ámbito de la Ciudad las figuras de agente encubierto, agente revelador, informante y de entrega vigilada para aquellos delitos cuyas penas sean superiores a tres años de prisión y que “se justifique en la complejidad” de la investigación o el hecho. Este punto será determinado, en última instancia, por el juez.
Críticas. “Tengo la convicción de que este código va a ser una respuesta a la sociedad que requiere del poder judicial un procedimiento ágil, rápido y moderno. Este proyecto va ser muy beneficioso para los vecinos y para el acceso a la justicia”, aseguró hoy el presidente de la comisión de Justicia y miembro informante del PRO, Daniel Presti.
Por su cuenta, la diputada Myriam Bregman, del PTS-FIT, habló de "la conformación de un cuerpo de buchones" a sueldo. "¿Cómo justifican los informantes de la policía si en el Congreso Nacional no lo pudieron justificar? Es increíble que hoy con toda la oposición en contra pretendan votar esto”, argumentó.
En tanto, Mariano Recalde, del boque de Unidad Ciudadana, afirmó: “Rechazamos el espíritu de este proyecto en un contexto de persecución política a los opositores y criminalización de la protesta social. Esto implica un avance en las facultades de los jueces y los fiscales para avanzar en las arbitrariedades”. La iniciativa contó, además, con el rechazo de los bloques Evolución, Peronista (BP), Socialista y Autodereminación y Libertad (AyL).
Consultado por PERFIL, Federico Efron, coordinador del área de litigio y defensa legal del CELS, aseguró que “este tipo de reformas tan importantes tienen que tener mucho mas debate de lo que hubo en esta oportunidad”. Y remarcó: “No hubo un verdadero debate, no se discutió porqué eran necesarias estas modificaciones, no se convocaron a expertos, no se estudió como estuvieron aplicadas en el sistema federal ciertas figuras. Es claramente una reforma a la que le faltó mucho debate público”.
