El 9 de febrero pasado un alud arrasó la localidad salteña de Tartagal destruyendo casas, autos, caminos y un puente. La Presidenta Cristina Fernández no dudó en viajar para embarrarse los zapatos y anunciar obras por 159 millones de pesos. Junto con el ministro de Planificación, Julio De Vido, prometieron la construcción de 627 nuevas viviendas y el mejoramiento de 800 casas con daños parciales. Además, se comprometieron a entregar otras 495 viviendas a comunidades aborígenes y rurales. Cinco meses después, se construyeron sólo 10 y se refaccionaron 300.
A raíz del escándalo publicado por Perfil.com por los más de 200 mil pesos que desaparecieron y salpican al Intendente Sergio Leavy, los vecinos denuncian irregularidades y desidia de parte de las autoridades: que las donaciones se entregaron en un marco de desprolijidad y desigualdad entre los damnificados; que el dinero destinado a las familias que debían refaccionar parte de sus casas no se condice con los arreglos que finalmente se hicieron; que no se sabe donde está la plata; que al día de hoy hay familias que siguen durmiendo en carpas a la vera del río; que otras fueron reubicadas en un barrio nuevo que cuando llueve se inunda y sus accesos quedan denegados; que aún no han sacado todo el lodo; que la tragedia puede volver a repetirse.
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Vivir en Tartagal. El presupuesto para refacciones va de 24.600 a 30.000 pesos según los daños. Eso le dijeron a Ana María Rojas, vecina del barrio Santa María, cuando le asignaron un contratista para que le arregle lo que el alud le había destrozado. “Vinieron un día y me hicieron dos medianeras. Cuando les dije que faltaba el techo y el desagüe me contestaron que el dinero ya no alcanzaba”.
Como las cuentas no le cerraban, Ana María decidió hacer un presupuesto con un albañil particular: “Según este presupuesto, el monto de mano de obra y materiales sería de un total de 10.100 pesos, entonces, ¿dónde está el resto?”. Ana María no tiene la respuesta. La municipalidad, tampoco: “no sabemos lo que hace el contratista con la plata”, contestaron quienes deberían controlar el destino y la aplicación de esos fondos.
Indignada, Rojas decidió denunciar su situación en los medios locales. La noticia enfureció al contratista que estaba a cargo de su casa: al otro día, mandó ocho personas que se treparon a su techo y se lo reventaron a mazazos. “Por venganza, mi casa quedó desecha. Estamos viviendo 5 personas en una pieza de 5x4. Si llega a llover, vuelvo a perder todas mis cosas”.
Martín López tiene 35 años, vive con su mujer, su suegra y sus tres hijos. A él le construyeron una pieza y un baño. “Somos seis personas amontonadas en una sola habitación. Perdimos todo: se arruinaron los electrodomésticos, la heladera y el lavarropas”. Según cuenta, luego del alud le hicieron entrega de algunas cosas: tres sillas sin mesa, una cama sin colchón y una cucheta para los chicos. Nada más: “Cuando llegó nuestro turno, nos dijeron que no quedaban heladeras”, cuenta.
A Marina Huanca, de 33 años, el alud le destruyó su negocio. “Perdí toda la mercadería del local y en mi casa están haciendo refacciones pero no hay nadie que controle la obra. Estamos remando y saliendo a flote solos”.
Obras inconclusas. De las 627 nuevas viviendas que prometió Cristina Fernández en febrero, se construyeron sólo 10 que serán entregadas el próximo mes. De los 800 mejoramientos de vivienda, se terminaron 150 y otras 150 están en ejecución. De las 500 que faltan nadie sabe nada.
Según informó a Perfil.com la coordinadora ejecutiva del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Graciela Pinal, las 10 unidades nuevas "se pudieron construir porque no tenían problemas en la localización, así que se hicieron en terrenos propios".
¿Qué pasó con el resto? Los funcionarios consultados por este diario respondieron de manera vaga e imprecisa. Según el Secretario de Obras Públicas Municipal, Antonio Hoyos, "todavía no se construyeron porque se están haciendo los trámites. No debe faltar mucho, lo que pasa es que no es fácil conseguir el terreno".
Por su parte, el arquitecto Rubén Hamada, coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas Descentralizados del IPV, nombrado coordinador de las viviendas afectadas por el alud, repitió que "hay problemas de terreno".
De las 500 viviendas que faltarían reconstruir, la Directora de Servicios Públicos de la Municipalidad de Tartagal, María Helena Guayán, aseguró no estar al tanto: "No tenemos conocimiento de lo que se ha firmado a nivel Nacional". El Ministerio de Planificación Federal no respondió a los llamados de Perfil.com.
