Un organismo clave en el control de la información volvió a quedar en la mira. Tras varios escándalos durante la gestión kirchnerista, esta vez, son las autoridades del gobierno macrista las que dejaron a la Inspección General de Justicia (IGJ) en evidencia.
La abogada de la diputada Margarita Stolbizer, Silvina Martínez, había presentado un pedido de informes para conocer el estado de las sociedades del Grupo Macri. Lo mismo había realizado antes en el caso de Hotesur, de la familia Kirchner, lo que terminó por demostrar que admitir que la empresa hotelera estaba en falta. Ante el primer pedido de informe, la gestión macrista en la IGJ se limitó a informar sobre el registro del fideicomiso creado por el Presidente para administar su fortuna, pero se mostró reticente a entregar documentación sobre las empresas creadas por Franco Macri y administradas por sus hijos Mariano y Gianfranco. Tras intimar a la IGJ, el organismo dejó a la luz las razones de su demora. Las empresas de los Macri no estaban al día con la documentación.
En el organismo, encargado de controlar a las sociedades anónimas, dieron aviso a las autoridades del honding. En los registros, las empresas adeudaban tasas y debían documentación, actualización de domicilios y miembros del directorio. Fue Gianfranco Macri quien se encargó, tras el aviso de la IGJ, de informar que las tasas estaban pagas pero que la gestión kirchnerista no les había computado los pagos. Ocho de las empresas intimadas regularizaron su situación, pero todavía deben los balances contables, donde se registran todos los movmientos y el estado patrimonial.
