El fallo del juez Ariel Lijo era previsible y sigue los lineamientos de la actual Corte Suprema de Justicia: como el asesinato de José Ignacio Rucci fue cometido por Montoneros, un grupo guerrillero, no se trata de un delito de lesa humanidad y por lo tanto ya prescribió debido al tiempo transcurrido, casi 38 años.
