Mientras espera la sentencia en la causa que investiga los presuntos abusos contra menores, prevista para el 10 de junio, el padre Julio César Grassi deberá enfrentar una nueva investigación de la Justicia, ahora por presunta malversación de fondos por alquilar una casaquinta con dinero proveniente de la Fundación Felices los Niños que el sacerdota utiliza como oficina.
Grassi alquiló la casa en diciembre de 2002, cuando estalló el escándalo mediático por los supuestos abusos sexuales a menores, ya que la Justicia le prohibió vivir en la Fundación y tener contacto con los menores. Cuatro años después, en septiembre de 2006, Alberto Mirenda -dueño de la casaquinta "La Blanquita", ubicada a metros del hogar de niños- realizó una denuncia por deudas impagas.
La deuda total ascendería a los 720.000 pesos, ya que la Fundación Felices Los Niños costeaba los gastos de la casa que utiliza Grassi y de otra propiedad donde residía el dueño original del predio. El monto representa unos 10.000 pesos mensuales, según cálculos del Fiscal General de Morón, Federico Nieva Woodgate.
El caso "es el acumulado del alquiler desde los primeros días de diciembre de 2002 a la fecha", le dijo a Perfil.com Juan Pablo Gallego, abogado denunciante en la causa, quien además aclaró que sólo por la casaquinta, la Fundación desembolsa "un canon locativo que rondaba los 6 mil pesos mensuales".
"La Blanquita" es una extensión de 7200 metros cuadrados que tiene huerta, quincho, parrilla, pileta de natación y hasta una mesa de billar, lujos que el sacerdote se da pese a su voto de pobreza. "Va a juicio oral por administración fraudulenta para beneficio personal por alquilar una quinta para tener su oficinita, como dice él", explicó Nora Shulman, directora ejecutiva del Comité Argentino por la Convención Internacional de los Derechos del Niños.
En la causa "se imputan cinco contratos. Cada uno de ellos constituye un peculado de bienes de una Fundación de bien público equiparado a caudales públicos", señaló Nieva Woodgate. Si bien la denuncia de Mirenda se presentó en septiembre de 2006, la Justicia tuvo dificultades para rastrear esos contratos, por eso se demoró el avance.
¿Cómo hizo Grassi para mantener tanta opulencia? El Tribunal buscará desentrañar el origen de esos fondos pero Gallego, que participa activamente en la causa por los abusos, tiene sus sospechas: "Esta gente acostumbra a actuar por fuera de la Justicia y son fondos poco claros ".
En realidad, esta causa no sólo afecta al sacerdote, sino que salpica a un trío constituido por "su apoderado, Juan Domingo Pérez; su contador, de apellido Fabri Rojas; y el propio Grassi", explicó el fiscal que además sostuvo que Rojas se encuentra prófugo de la Justicia.
"La negociación la hace Pérez y la paga Fabri Rojas. Y todo eso se hace por Grassi, que aparece como instigador", explica el fiscal general sobre la imputación. Perfil.com intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con los abogados de Grassi pero nunca respondieron a los llamados. El juicio oral todavía no tiene fecha de inicio.
(*) Redactor de Perfil.com
