Un grupo de hemofílicos impulsó una denuncia penal para que se investigue a los presuntos responsables de un contagio masivo de HIV y hepatitis C mediante el suministro de concentrados importados contaminados, confirmaron hoy fuentes judiciales.
Sus casos, y otros centenares similares, se habrían registrado a principios de la década del '80, pero los querellantes sostienen que la acción penal "no prescribió" porque comparan lo ocurrido con un caso de "genocidio" o de "terrorismo sanguíneo".
En la denuncia, que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, siete supuestos damnificados - sobre un total de más de 200 afectados, la mayoría fallecidos- reclamaron que se produzcan las medidas de prueba sugeridas por el fiscal Oscar Amirante y que se cite a indagatoria a los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Raúl Pérez Bianco.
Tezanos Pinto, ex director de la Academia Nacional de Medicina y Pérez Bianco, actual director de la Fundación de la Hemofilia, fueron acusados por los querellantes de haber permitido el suministro de concentrados coagulantes contaminados.
"Esos concentrados, procedentes de laboratorios de Estados Unidos, Austria y Francia, eran obtenidos de miles de donantes de sangre infectados de HIV o hepatitis", explicó el abogado Gonzalo Giadone, patrocinante de los querellantes.
Los presuntos damnificados son los hermanos Rubén y Carlos Vera, Luis Echarren, Jorge Remón, Diego Vaccaro, un sexto que pidió reserva sobre su identidad y los familiares de un hemofílico que falleció en agosto de 2005.
Rubén Vera participó esta mañana de una audiencia con Pérez Bianco en la que, con la intervención del juez civil Carlos Domínguez, se acordó asegurar el suministro de la medicación necesaria para atender su enfermedad.
La denuncia penal ante Bonadío se realizó por los supuestos delitos de "contagio doloso", "tráfico de medicamentos contaminados" y "envenenamiento masivo", para los cuales el Código Penal prevé penas de hasta 25 años de prisión cuando alguno de esos ilícitos provoca la muerte.
Fuente: Télam
