Un
grupo de hemofílicos impulsó una
denuncia penal para que se investigue a los presuntos responsables de un
contagio masivo de HIV y hepatitis C mediante el suministro de concentrados
importados contaminados, confirmaron hoy fuentes judiciales.
Sus casos, y otros centenares similares, se habrían registrado a
principios de la década del '80, pero los querellantes sostienen que la acción
penal "no prescribió" porque comparan lo ocurrido con un caso de
"genocidio" o de "terrorismo sanguíneo".
En la denuncia, que quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadio, siete supuestos
damnificados -
sobre un total de más de 200 afectados, la mayoría fallecidos- reclamaron que se
produzcan las medidas de prueba sugeridas por el fiscal Oscar Amirante y que se
cite a indagatoria a los médicos Miguel de Tezanos Pinto y Raúl Pérez Bianco.
Tezanos Pinto, ex director de la Academia Nacional de Medicina y Pérez Bianco, actual
director de la Fundación de la Hemofilia, fueron acusados por los querellantes de haber permitido
el suministro de concentrados coagulantes contaminados.
"Esos concentrados, procedentes de laboratorios de Estados Unidos, Austria y Francia, eran
obtenidos de miles de donantes de sangre infectados de HIV o hepatitis", explicó el abogado Gonzalo
Giadone, patrocinante de los querellantes.
Los presuntos damnificados son los hermanos
Rubén y Carlos Vera, Luis Echarren, Jorge Remón, Diego Vaccaro, un sexto que pidió
reserva sobre su identidad y los familiares de un hemofílico que falleció en agosto de 2005.
Rubén Vera participó esta mañana de una audiencia con Pérez Bianco en la que, con la
intervención del juez civil Carlos Domínguez, se acordó asegurar el suministro de la medicación
necesaria para atender su enfermedad.
La denuncia penal ante Bonadío se realizó por los supuestos delitos de
"contagio doloso",
"tráfico de medicamentos contaminados" y "envenenamiento masivo", para los cuales
el Código Penal prevé penas de hasta 25 años de prisión cuando alguno de esos ilícitos provoca la
muerte.
Fuente: Télam
