Los espacios para el disenso en la Argentina son cada vez más acotados. Los principales medios de comunicación, enfermos de una severa oficialitis, se suman a la estrategia de agresión hacia la oposición social, sindical o política. Las redes son un campo de batalla dominado por los implacables comunicadores del Gobierno dónde la crítica se paga cara. El Poder Judicial y las fuerzas de seguridad se adaptan al clima de época violando garantías elementales del Estado de Derecho. Mientras tanto, avanza un paquete de reformas económicas que atenta contra derechos de los trabajadores, jubilados y niños.
En algunas usinas filo oficialistas semejante excepcionalísimo se justifica en la necesidad de normalizar el país, combatir la corrupción, erradicar el populismo, crear el clima de inversiones y promover la meritocracia. Cómo tantas veces en la historia argentina, los derechos humanos, económicos, sociales y culturales son moneda de cambio para el desarrollo de un programa modernizador que sacará al país del atraso.
Sería un reduccionismo suponer que ese razonamiento es una simple máscara que encubre los intereses personales y de clase de los sectores económicamente dominantes. Existe una ideología mesiánica muy arraigada en las élites argentinas que creen con fanatismo casi religioso en su misión histórica de salvar la Patria de la grasa militante. Cuando los resultados económicos y las encuestas respaldan este rumbo, el mesianismo se refuerza y las élites se embriagan en su euforia triunfalista. La salvación nacional se torna una cuestión de “ahora o nunca”.
Ante tal despliegue de soberbia y poder, la oposición política se intimida, se vuelve abiertamente colaboracionista y se desespera por hacer buena letra para salvaguardar sus propios espacios de poder. Modera la crítica al mínimo posible, reniega de su propia historia y se circunscribe a negociar la subsistencia subordinándose a la élite ganadora. En 1931, un proceso político con algunos rasgos similares inauguró el período conocido como la década infame. Llamada Concordancia por sus defensores y Contubernio por sus detractores, la alianza gobernante de aquella época justificaba el deterioro de las conquistas democráticas del radicalismo yrigoyenista con la necesidad de contener a “las masas entregadas a la demagogia”.
Desde luego, toda extrapolación histórica tiene un sentido metafórico. De más está decir que Cambiemos ganó limpiamente dos elecciones y que estamos lejos de vivir en una dictadura. En cualquier caso, la comparación apunta a resaltar la hegemonía de un discurso elitista y la inminencia de un pacto conservador entre el sistema político tradicional y el poder emergente, en este caso, el partido de los CEOs. Por eso, 1931 y no 1955, aunque el eco de la Revolución Argentina también se siente en el espíritu revanchista del presente.
Creo que estamos viviendo un momento de severo deterioro de la democracia social y de concentración del poder público y privado en un solo sector del espectro político-ideológico. Desde luego, la mía es una apreciación subjetiva totalmente discutible pero tan legítima como cualquier opinión. En un país civilizado nadie debería sentirse agraviado. Lo que debería estar fuera de discusión es que no hay calidad institucional sin espacio para el disenso, la lucha de ideas, la protesta social y la diversidad de identidades.
Estas preocupaciones republicanas se suman a un mal muchísimo peor para una sociedad que quiere vivir la plenitud de los derechos y libertades democráticas: el escándalo de la pobreza, cada vez más estructural, feminizada e infantilizada. La injusticia social se ha trasformado en el principal problema endémico de la Argentina. No se trata únicamente de la insuficiencia de los ingresos monetarios de un tercio de nuestra población. La falta de vivienda adecuada, agua potable, cloacas, conexión eléctrica, acceso a una alimentación saludable, salud, educación, cultura, deporte y esparcimiento de calidad condena a los excluidos del campo y la ciudad a una vida sin perspectivas aun cuando desciendan unos puntos los índices de pobreza en virtud de un coyuntural crecimiento económico. Los más frágiles entre ellos, niños, niñas, adolescentes, ancianos, adictos, discapacitados, minorías sexuales y personas privadas de libertad, sufren doblemente esta realidad destructora, muchas veces agravadas por acciones abusivas del Estado y el Mercado. El endeudamiento constante, la falta de una política ambiental coherente y la ofensiva del capital extractivo sobre la Naturaleza garantizan que este mal se proyecte hacia las futuras generaciones y que en definitiva el sueño de una sociedad con tierra, techo y trabajo para todos se aleje cada vez más. Esta vulneración de derechos del presente y el futuro es responsabilidad del Estado.
Las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, indígenas, ambientales, de mujeres y de derechos humanos que desafiamos el poder hegemónico hemos perdido los pocos resortes que nos brindaba el Estado para canalizar institucionalmente la defensa de los sectores más vulnerados y vulnerables. La Defensoría del Pueblo es un espacio de enorme potencialidad para suplir este desequilibrio institucional y permitir la expresión de posiciones disidentes que enriquezcan el debate público, desarrollen contrapesos adecuados y afiancen la participación democrática. Sin embargo, la Defensoría estuvo acéfala durante más de ocho años pese a los insistentes reclamos de la sociedad civil. Ante los reproches de diversos organismos internacionales por la omisión, todo indica que está llegando la hora de que se cumpla con el artículo 86 de la Constitución Nacional.
Hace algunas semanas, Victoria Donda me propuso para ocupar el cargo en cuestión. Mi generación se formó en la lucha contra los personalismos y el carrerismo individual por lo que la situación de ser candidato a algo no es precisamente la más cómoda para mí. Mis compañeros realizaron una campaña de adhesiones que más que enorgullecerme me da un poco de vergüenza. Muchos de los que estamparon su firma en apoyo a mi postulación merecen mucho más el cargo que yo. Por equis motivo, ninguno de ellos está entre los candidatos y tengo la obligación de honrar su confianza dando el debate.
Insisto, no creo ser la persona más calificada para el cargo. Mis méritos no superan los de cualquiera de las miles de personas que honesta y comprometidamente dedican gran parte de su vida a la promoción y protección de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, defensores muchas veces anónimos de un Pueblo que no se resigna a vivir en la indignidad. No creo superar en ese sentido a la más humilde de nuestras compañeras que le da de comer cotidianamente a medio centenar de pibes en alguno de los tantos comedores barriales del país.
Sin embargo, la lista de candidatos ha sido cerrada un tanto intempestivamente y la información indica que el candidato de Concordancia es el señor Humberto Roggero que desde mi punto de vista tienen bastantes menos méritos que el suscrito y que muchos otros de los postulantes para ocupar el cargo. En cualquier caso, vale preguntarse ¿Cuál es la trayectoria de Roggero en la defensa de los derechos humanos o de los grupos vulnerables? No se lo ha visto muy activo en ese campo en los últimos 15 años. ¿Cuál es la plataforma para la Defensoría que ha convencido a los paridos que adhieren al Gran Acuerdo Nacional que Roggero es el mejor defensor posible entre los postulantes?
Tengo la intuición de que su designación es producto de un pacto de cúpulas políticas que poco tienen que ver con la meritocracia y la calidad institucional, mucho menos con un debate abierto y democrático. Tengo la intuición que la Defensoría se convertirá en otra oficina burocrática instrumentada para el reparto de suculentos contratos y prebendas que aceitarán los contubernios políticos. Tengo la intuición de que la elección de Roggero responde más a tener una Defensoría dócil que en el ejercicio de sus competencias no incomode al Gobierno. Es solo una intuición y puedo estar equivocado. En cualquier caso, quiero aprovechar este espacio para lanzar un desafío.
Debatamos. Convoquemos al Pueblo y sus organizaciones a controlar este importante acto de Gobierno. Contrastemos las plataformas de los distintos candidatos. En el Congreso, en una Universidad, en un medio de Comunicación, en una Plaza. Abramos esta discusión al Pueblo. Desafiemos los estrechos límites de la partidocracia y abramos las puertas a la sociedad para que audite esta designación. Le pido a la Senadora Marta Varela (PRO), presidenta de la Comisión Bicameral de Defensoría del Pueblo, que convoque a este debate público antes de elevar la lista de candidatos al recinto e invito a los restantes candidatos, particularmente a Humberto Roggero, a que adhieran a esta petición.
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