A partir de un planteo de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el que se denunciaba el incumplimiento por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la sentencia que ordenaba eliminar la situación de riesgo eléctrico en la Villa 21-24 de Barracas, el Juzgado de Feria N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo del juez Roberto Gallardo, impuso una multa de 10 mil pesos diarios por cada día de demora en cabeza del Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta si no resuelve los problemas eléctricos en ese asentamiento de la zona sur de Buenos Aires. Se trata, en definitiva, del mismo magistrado que mantiene por estos días una fuerte polémica con el Gobierno de la ciudad por la suspensión de las plataformas de delivery Pedidos Ya, Rappi y Glovo, desde el pasado viernes 02 de agosto.
Al mismo tiempo, el juez Gallardo intimó al Ejecutivo porteño a presentar un Proyecto Eléctrico Adecuado que ofrezca soluciones frente a las falencias y peligros del deficiente servicio eléctrico existente en la Villa 21-24 en el término de diez días de cumplimiento de la sentencia definitiva. Según el fallo, este proyecto deberá estar elaborado según la Guía de Diseño de Redes Eléctricas de baja tensión para asentamientos poblaciones aprobada por el ENRE, y en base a los informes periciales existentes en la causa judicial.
La villa del ‘polémico muro’ es la segunda más grande de la ciudad
ACIJ y un grupo de representantes barriales -patrocinados por la Defensoría CAyT nº 2 de la Ciudad- denunciaron oportunamente que la información brindada por la Ciudad no constituía un Proyecto Eléctrico Adecuado que pudiera solucionar integralmente las falencias estructurales en el servicio eléctrico que se presta en la Villa 21-24, sino que se limitaba a proponer una serie de acciones puntuales de contingencia en plazos poco claros.
En la Villa 31, cinco firmas se llevan la mayoría de las obras
Gallardo, en consonancia con lo denunciado, entendió que la documentación presentada por el Ejecutivo "es insuficiente para darle una solución al problema, en tanto no identifica en cuáles hogares se ejecutarán las obras, no se establecen prioridades, no se prevé un plan serio de contingencias, no se precisan qué tipo de tareas se realizarán, sus plazos de comienzo y de ejecución, ni se dice nada sobre la previsión presupuestaria necesaria. En este sentido, el juez entendió que el Gobierno porteño incumplió con lo ordenado judicialmente, afirmando en su sentencia que: “Teniendo en cuenta la gravísima problemática que campea esta causa, luego de casi una década de iniciada, de ocho años de vigencia de la medida cautelar y de contar con sentencia definitiva de condena cuyo plazo de cumplimiento ha perimido, nada sustancial ha hecho el Gobierno local para sanear estructuralmente las deficiencias de la red del servicio eléctrico en la villa 21-24”.
